Una reciente sentencia judicial ha revelado cómo una mujer, tras años de trabajo y cotizaciones, se encontró con la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social para acceder a su pensión debido a errores en su situación laboral. Este caso, que se remonta a noviembre de 2022, pone de relieve la importancia de la correcta clasificación de los trabajadores por parte de las empresas, especialmente en situaciones donde los empleados han sido considerados autónomos de manera incorrecta.
La afectada había estado inscrita como autónoma mientras trabajaba para la aseguradora Ocaso desde 2008 hasta 2014. Aunque cumplía con los requisitos de cotización en apariencia, un juzgado de lo social determinó posteriormente que su relación laboral con la empresa era erróneamente catalogada, lo que significaba que no había cotizado de manera adecuada. Esto llevó a que la compañía fuera condenada a pagar más de 16.800 euros en cuotas que no habían sido rendidas a la Seguridad Social.
Al solicitar su pensión de jubilación, la mujer fue sorprendida nuevamente al saber que solo había cotizado 4.438 euros de los 5.473 requeridos. Sin embargo, tras la reclamación legal, el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao reconoció su derecho a recibir la pensión, dictando que la empresa asumiría el 21,12% de esta por su papel en la incorrecta afiliación y que el resto sería cubierto por la Seguridad Social.
El caso escaló al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando la empresa intentó reducir su responsabilidad al 2,46%, alegando que la trabajadora había estado cotizando por su cuenta. No obstante, el tribunal desestimó la apelación, afirmando que el hecho de que ella hubiese pagado sus propias cuotas no eximía a la empresa de su responsabilidad.
La sentencia final establece que el empleador es responsable de la correcta clasificación de los trabajadores. Como resultado, se decidiría que la empresa asumiría una parte significativa de la pensión mientras se garantizaría que la trabajadora no perdiera derechos adquiridos. Esto subraya la necesidad de un mayor cumplimiento por parte de las empresas en lo que respecta a sus obligaciones con los trabajadores, protegiendo así sus derechos a una pensión adecuada en la jubilación.