El Congreso de Sinaloa ha aprobado por unanimidad la solicitud de licencia indefinida del gobernador Rubén Rocha Moya, una decisión que impacta directamente en la estabilidad política de la región y en la vida diaria de los sinaloenses. Rocha Moya solicitó esta licencia tras regresar a su cargo durante 112 días, lo que ha generado inquietudes entre la ciudadanía sobre el rumbo de su administración, que finalizará en diciembre de 2027.
El gobernador planteó su petición el sábado, fundamentándola en el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Este hecho coincide con un momento álgido en la política estatal, a solo un día de su regreso, y viene en medio de controversias y críticas sobre su gestión.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado a través de redes sociales que “ningún interés personal debe colocarse por encima de los intereses del país”, insinuando que los motivos detrás de la licencia podrían estar relacionados con la ambición de poder. Además, calificó el poder sin principios como un potencial camino hacia el abuso.
Sheinbaum también indicó que su conocimiento sobre el regreso de Rocha Moya fue a través de las redes sociales, lo que resalta un distanciamiento entre el gobernador y la administración federal. Por su parte, Morena y la Secretaría de Gobernación se han deslindado del asunto, enfatizando que la decisión pertenece exclusivamente a Rocha Moya, mientras las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre él y otros exfuncionarios continúan en curso.
La situación se complica al recordar que el exgobernador ha sido mencionado en una acusación de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, donde se le relaciona con posibles vínculos al Cártel de Sinaloa y la facilitación del tráfico de drogas, lo que puede repercutir en su imagen y en la confianza de la ciudadanía en su liderazgo.
Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, ha exigido que Rocha Moya rinda cuentas y solicita que se tomen acciones para que enfrente la justicia en Estados Unidos. Este contexto pone de manifiesto la tensión en el entorno político y la preocupación en Sinaloa respecto a la integridad de sus representantes.