Francia ha enfrentado una grave crisis ambiental y de salud desde la introducción de la clordecona, un pesticida prohibido en 1990, pero que continuó usándose en Martinica y Guadalupe hasta 1993. Este químico, diseñado para proteger las plantaciones de plátano de plagas, contaminó el suelo de estas islas, afectando a casi toda su población. Desde su prohibición en Estados Unidos en 1976 por sus efectos tóxicos, se acumularon evidencias sobre sus riesgos, pero Francia mantuvo su uso por presión de la industria bananera.
La contaminación generada por la clordecona se extendió a la cadena alimentaria, afectando no solo los cultivos, sino también al ganado y los recursos pesqueros, lo que resultó en que cerca del 90% de la población de Martinica y Guadalupe tiene trazas del pesticida en sangre. Estudios han vinculado esta exposición con un aumento significativo en el riesgo de cáncer de próstata, además de otros problemas de salud.
Los antiguos trabajadores de las plantaciones, que manipularon el pesticida sin la protección adecuada, han comenzado a demandar justicia tras décadas de despreocupación por parte de las autoridades. En 2026, el Parlamento francés reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado en este escándalo, estableciendo un marco para la descontaminación de suelos y aguas, así como un fondo de compensación para los afectados. Sin embargo, la clordecona sigue presente en el entorno, y los investigadores advierten que sus efectos perdurarán durante siglos.