El Gobierno de Cantabria propone una modificación que facilitaría la transformación de suelo rústico en urbanizable, bajo el esquema del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Esta iniciativa, respaldada por el Partido Popular (PP), podría obviar el proceso de aprobación municipal si se justifica un “interés regional”. Por su parte, el partido Podemos advierte sobre el riesgo de eliminar salvaguardias que aseguran que la construcción residencial esté vinculada a proyectos de equipamiento público.
El PSIR, instaurado en 2001, permite que el Gobierno declare un proyecto de interés y que una comisión técnica, denominada CROTU, lo apruebe provisionalmente, seguido por la autorización final del Consejo de Gobierno. Este mecanismo ha sido instrumental en el desarrollo de áreas como polígonos industriales y centros hospitalarios. Sin embargo, de los cinco PSIR que se han implementado hasta la fecha, cuatro han sido para áreas industriales.
Las leyes que regulan el PSIR han ido evolucionando. La normativa original requería un porcentaje de vivienda protegida, inicialmente del 40%, que fue incrementado al 100% en proyectos específicos en 2022. La Ley de Simplificación Administrativa de 2025, que recibió apoyo de Vox, predisponía la inclusión de vivienda privada como complementaria en PSIR destinados a grandes equipamientos. Ahora, la enmienda que el PP presentó sugiere la posibilidad de que un PSIR esté exclusivamente dedicado a viviendas, planteando interrogantes sobre su regulación y las implicaciones para la comunidad.
Los grandes proyectos urbanísticos en el horizonte incluyen “Bosques de Santander”, que propone construir 7.850 viviendas en diferentes localidades, así como “La Ciudad de la Justicia”, ambos promovidos por Real de Piasca. Esta última iniciativa ha suscitado preocupaciones entre los residentes de Rucandial, que podrían verse afectados y han empezado a organizarse para oponerse.
Las distintas posturas sobre estas propuestas reflejan el debate en curso. Desde Podemos se argumenta que, aunque proyectos como “La Ciudad de la Justicia” podrían ser beneficiosos, eso no justifica que cualquier desarrollo residencial deba ser considerado de interés general sin las suficientes garantías. El Gobierno, por su parte, resalta el compromiso con la construcción de viviendas protegidas y su intención de colaborar con el sector privado.
El impacto de esta enmienda, aunque todavía no operativo, puede tener repercusiones significativas en el futuro del mercado inmobiliario en Cantabria. Actualmente, el precio medio de la vivienda usada en la región es de 2.423 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 14,2% en un año. Las expectativas de más oferta de vivienda, según el Gobierno, deberían contribuir a una reducción de precios. Sin embargo, los críticos se muestran escépticos, temiendo que las nuevas construcciones se orienten más hacia lujo que a vivienda asequible.