Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son ahora obligatorias en todas las ciudades españolas con más de 50,000 habitantes. Sin embargo, su implementación ha sido desigual. Recientemente, Málaga suspendió su normativa tras una decisión judicial, lo que afecta directamente a los residentes y visitantes que circulan por su casco histórico. El Ayuntamiento ya anunció la devolución de multas impuestas, abriendo un debate sobre la efectividad y justicia de estas medidas en otras ciudades como Madrid, que ha enfrentado cuestionamientos similares.
Málaga había comenzado a limitar el acceso a su ZBE desde diciembre de 2024, permitiendo solo a vehículos empadronados en la ciudad. Sin embargo, ante una demanda presentada por el partido Vox, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que esta restricción para los coches no empadronados era discriminatoria. Esto llevó a la decisión de anular las multas y establecer un procedimiento para su devolución.
En Madrid, otro ejemplo de ZBE en la que se aplican multas a vehículos no empadronados pero no a los locales también ha suscitado controversia. A pesar de que se han declarado ilegales algunas sanciones, los ciudadanos deben reclamar individualmente el reembolso de sus multas. Esto ha incentivado a las autoridades madrileñas a revisar su ordenanza para ajustarse a los requerimientos legales, manteniendo así su propia ZBE en funcionamiento.
El contexto más amplio indica que aunque las ZBE son una exigencia desde enero de 2023, muchas ciudades aún no han cumplido con esta normativa. Se han observado enfoques variados, desde restricciones mínimas en Ciudad Real hasta el incumplimiento total por factores políticos. Actualmente, el Gobierno ha modificado el Real Decreto 1052/2022, insistiendo en la necesidad de sanciones efectivas para garantizar que las ZBE cumplan su propósito de mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones.
A pesar de estas actualizaciones, los ayuntamientos siguen teniendo la libertad de definir cómo aplicar sus ZBE, lo que genera un paisaje confuso y desigual en la aplicación de las normas. Con la falta de consecuencias para los municipios que ignoren las regulaciones, queda por ver si este escenario cambiará o si las ZBE seguirán siendo implementadas de manera inconsistente en todo el país.