El Museo de Bellas Artes de Álava exhibe actualmente una colección de doscientas láminas del célebre artista español Francisco de Goya, tras ser embargadas como parte de un acuerdo fiscal. Estas obras provienen de la Fundación Juan Celaya, cuyo fundador, tras la quiebra de su empresa de pilas, acumuló una significativa deuda con la Hacienda local. Este acontecimiento une la historia del arte español con los altibajos de una industria que alguna vez destacó en el País Vasco.
Cegasa, la compañía detrás de esta colección, se estableció en 1934 en Oñate como el primer fabricante de pilas de España. Originalmente se dedicaba a la producción de paraguas, pero pronto cambiaron de rumbo hacia la fabricación de pilas, productos esenciales para el uso diario. En 1954, la empresa se legalizó como Celaya, Emparanza y Galdós S.A. y, después de años de crecimiento, alcanzó cifras anuales de hasta 13.000 millones de pesetas en los años 90.
Sin embargo, la competencia y la crisis económica llevaron a Cegasa a un colapso en 2014, lo que resultó en el despido de numerosos empleados y la venta de activos. La marca renació bajo el nombre Cegasa Energía, enfocándose en la producción de baterías de ion-litio y compitiendo en el creciente sector de almacenamiento energético.
La deuda de Cegasa se resolvió de manera singular mediante un acuerdo con Hacienda, que permitió que obras de arte, valoradas en 4,3 millones de euros, sirvieran como compensación por la deuda fiscal. Esta estrategia se basa en la posibilidad de liquidar obligaciones impositivas a través del patrimonio, una práctica que ha permitido a otras empresas en España saldar deudas con obras de artistas renombrados.
La colección Goya incluye series emblemáticas como “Los Caprichos”, “Los Desastres de la Guerra” y “La Tauromaquia”, que ahora pueden ser vistas en la exposición “Fantasía y Razón”, hasta febrero de 2027. Este tipo de soluciones, aunque prácticas, plantean interrogantes sobre la comercialización del arte y su valor más allá de ser un medio para saldar cuentas. A lo largo de los años, múltiples empresas españolas han utilizado obras de arte como forma de compensación formal a Hacienda, un mecanismo que ha generado un debate sobre el uso del patrimonio cultural como activo financiero.