En mayo de 2023, el Ayuntamiento de Cangas de Morrazo sufrió un ciberataque con ransomware que comprometió serios aspectos administrativos. Los atacantes, utilizando el malware LockBit 3.0, bloquearon sistemas críticos y amenazaron con vender los datos robados en la dark web a menos que se pagara un rescate en bitcoin. El incidente ha provocado que la administración local deba afrontar una serie de investigaciones sobre la gestión del ataque y el pago del rescate, lo que podría tener implicaciones legales para algunos de sus miembros.
Según informes de ABC, la jueza del Tribunal de Instancia de Cangas ha citado a Antón Iglesias, concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, como investigado por el pago del rescate. Curiosamente, Iglesias no ocupaba el cargo cuando se tomó la decisión de abonar el rescate, que fue firmado por Araceli Gestido, la alcaldesa en ese momento. A pesar de su implicación, Gestido aún no ha sido llamada a declarar.
En respuesta al ataque, el Ayuntamiento contrató a la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para realizar un análisis forense. Sin embargo, el primer contrato de 5.279 euros no dio resultados, por lo que se recurrió de nuevo a la misma empresa para negociar el rescate, que terminó ascendiendo a 197.847,17 euros. Este tercer contrato ha generado sospechas sobre la sostenibilidad de la gestión administrativa, ya que se realizó sin un concurso público.
La Fiscalía de Pontevedra ha comenzado a investigar los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos, centrándose en la adjudicación de contratos y la falta de transparencia en la gestión. En este contexto, el BNG, que gobierna en Cangas, ha expresado su apoyo a Iglesias, afirmando que actuaron conforme a los procedimientos legales establecidos.
El ataque tuvo lugar el 18 de mayo, cuando un correo de phishing activo comprometió los sistemas. A la mañana siguiente, más de la mitad de los equipos del Ayuntamiento estaban inoperativos, bloqueando funciones esenciales como la contabilidad y el manejo de nóminas. Este suceso pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de administración pública ante los ciberataques, un fenómeno en incremento en España en los últimos años.