Un importante incendio forestal ha forzado la evacuación de decenas de miles de personas en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, lo que ha llevado a la ministra de Trabajo a recordar que los empleados no deben “elegir entre su seguridad y su empleo”. En este contexto, se les invita a acogerse al “escudo social” que les permite solicitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para navegar esta crisis y retomar la normalidad en sus vidas laborales.
Quienes trabajan en las áreas afectadas están enfrentando la incertidumbre, preguntándose cómo proceder si no pueden llegar a sus puestos de trabajo debido a las carreteras cortadas. La legislación contempla esta situación como un caso de fuerza mayor, permitiendo a los empleados disponer de hasta cuatro días de permiso retribuido en tales circunstancias. Este derecho, denominado “permiso climático”, se implementó tras la DANA que afectó a Valencia en 2024, buscando proteger la seguridad de los trabajadores.
El Real Decreto-ley 8/2024 introdujo este permiso en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, permitiendo la ausencia del trabajo sin pérdida salarial. Estos días también son contabilizados como tiempo de trabajo, lo que significa que no es necesario recuperarlos posteriormente. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha enfatizado que quienes pierden su medio de transporte o enfrentan alteraciones en el transporte público están cubiertos por este derecho hasta que se estabilice la situación.
Además, Díaz recordó que la protección de la vivienda se extiende hasta que las familias encuentren una solución habitacional adecuada. Si la situación persiste más allá de los cuatro días, se puede activar el ERTE por fuerza mayor, utilizado anteriormente en crisis similares como el apagón de este año. La reciente reforma legal permitió que los afectados accedan a este permiso de inmediato, con la posibilidad de validar su situación posteriormente.
Los sindicatos CCOO y UGT han resaltado la importancia de que los trabajadores en riesgo puedan paralizar su actividad laboral sin temor a sanciones. Ambos han proporcionado información y recursos para aquellos que enfrentan esta crisis, reiterando que nadie debería tener que decidir entre la salud y el salario; la acreditación para activar este derecho puede hacerse más tarde.
Con la magnitud de los incendios de julio, que han calcinado más de 77,000 hectáreas y afectado a cerca de 100,000 personas, el “permiso climático” se convierte en una herramienta crucial para muchos trabajadores de áreas afectadas. Sin embargo, es importante señalar que esta medida no se aplica a todos, como es el caso de más de tres millones de empleados públicos y autónomos que quedan excluidos de este beneficio. La falta de cobertura para esos trabajadores plantea un desafío significativo en la actual crisis.