La normativa sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas en España varía según las comunidades autónomas, ya que no existe una ley estatal uniforme al respecto. En este contexto, el Ministerio de Educación ha propuesto que se limite su uso en Educación Infantil y Primaria y se utilice únicamente para fines educativos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Sin embargo, esta recomendación no es vinculante, y cada comunidad ha desarrollado sus propias reglas.
Andalucía prohíbe el uso de móviles durante la jornada escolar, permitiéndolos solo en actividades pedagógicas a partir de 3º de la ESO. En Aragón, se imponen límites de tiempo para el uso de dispositivos digitales, mientras que Asturias los prohíbe en Educación Infantil y Primaria, permitiendo su uso en Secundaria solo con justificación didáctica. Baleares ha adoptado una medida más estricta, prohibiendo móviles y dispositivos similares en todo el centro escolar y durante todas las actividades.
Canarias también restringe su uso, pero permite que los centros concertados implementen sus propias normas. En Cantabria, los centros públicos son espacios libres de móviles, aunque pueden haber excepciones en Secundaria. Castilla y León recomienda mantenerlos fuera de las aulas, dejando su regulación al criterio de cada centro. En Castilla-La Mancha se prohíbe su uso en Infantil y Primaria, y en ESO solo con fines educativos y supervisión.
Cataluña aplica una prohibición total en Infantil, Primaria y ESO. La Comunidad Valenciana permite su uso solo bajo supervisión para fines pedagógicos. Extremadura, por su parte, exige que los móviles estén apagados en todos los ciclos educativos, salvo en casos excepcionales. En Galicia, los móviles están prohibidos en todos los espacios excepto para fines educativos a partir de 3º de la ESO.
La Rioja opta por delegar la regulación a cada centro. En Madrid se prohíbe su uso, salvo excepciones autorizadas. Murcia adopta una política similar, prohibiendo el uso en todas las etapas educativas. En Navarra y el País Vasco, la regulación se deja a la libertad de cada centro. Finalmente, Ceuta y Melilla siguen las instrucciones del Ministerio, restringiendo su uso en todos los niveles educativos, con algunas justificaciones permitidas.