La reciente decisión del Gobierno de México de desplegar 1,557 efectivos en las zonas productoras de aguacate en Michoacán busca abordar una situación urgente que afecta tanto a los productores locales como al comercio internacional. Este despliegue, que incluye 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano, se lleva a cabo tras la suspensión de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, una medida que ha generado preocupación entre los agricultores y ha interrumpido el flujo de ingresos en estas comunidades.
El personal militar comenzará su labor en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, reforzando la seguridad en lugares clave como centros de empaque y vías de comunicación. Esta tarea busca disminuir la extorsión y proteger a los productores que enfrentan amenazas de grupos delictivos, incluyendo cárteles del narcotráfico.
Entre las acciones planificadas se incluyen patrullajes y reconocimientos para garantizar la seguridad de la producción y distribución del aguacate, que es vital para la economía local. Especialmente en municipios como Apatzingán, Aguililla y Buenavista, donde la seguridad se ha vuelto un tema preocupante.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su interés en reanudar las exportaciones lo antes posible, luego de que una alerta de seguridad provocara el retiro de inspectores estadounidenses. El Gobierno mexicano también contempla la posibilidad de sustituir temporalmente a estos inspectores por personal nacional, lo que podría facilitar un retorno al comercio.
A pesar de la situación, el sector del aguacate sigue siendo una fuente importante de ingresos, con más de un millón de toneladas exportadas anualmente. Sin embargo, el contexto de inseguridad ha llevado al Departamento de Estado de EE. UU. a emitir un nivel de alerta de “no viajar” para Michoacán, lo que afecta aún más la percepción global de la seguridad en la región.