Más de 40 medios de comunicación en México, junto a Reporteros Sin Fronteras, han hecho un fuerte llamado al Gobierno de México para exigir acciones concretas ante el alarmante aumento de asesinatos de periodistas en el país. Esta alerta, acompañada de la pregunta “¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?”, busca visibilizar la violencia que enfrenta el gremio, afectando no solo a los comunicadores, sino también al derecho de la sociedad a una información libre y veraz.
Durante los primeros siete meses de 2026, se han documentado 17 asesinatos de periodistas, lo que equivale a un asesinato aproximadamente cada mes. Esta problemática se ha intensificado desde el inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. La organización RSF destaca que cada nombre en la lista de víctimas representa una deuda acumulada del Estado con las familias y la comunidad.
Artur Romeu, director de RSF América Latina, enfatiza que esta realidad no debe ser normalizada y que la violencia genera un clima de miedo que afecta el ejercicio del periodismo y, por ende, la capacidad de la población para estar bien informada. La respuesta conjunta de los medios representa una petición firme hacia la presidenta y las autoridades para que se tomen medidas urgentes y eficaces.
RSF ha señalado que es crucial implementar una respuesta política que aborde la crisis de violencia y que se priorice la protección de los periodistas en las políticas de derechos humanos. La falta de acción en este sentido no es solo un problema para los trabajadores de la información, sino que termina afectando a comunidades enteras al dejar vacíos informativos que alimentan la desinformación y la autocensura.
Las exigencias incluyen el establecimiento de un plan nacional de emergencia que coordine esfuerzos a todos los niveles del gobierno, junto con acciones para garantizar medidas de protección eficaces y la investigación adecuada de los crímenes cometidos. La voz de los medios en esta movilización recalca que el silencio ante estas atrocidades no es una opción.
El escenario actual exige una reflexión inmediata y la implementación de estrategias que contengan esta violencia estructural, asegurando que cada periodista cuente no solo con el derecho a informar, sino también con la protección necesaria para ejercer su labor sin temor.