Organizaciones feministas del país han expresado su preocupación por la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas agrupaciones advierten que la propuesta podría facilitar la reclasificación de feminicidios como homicidios, lo que afectaría el acceso a justicia para muchas mujeres.
El foco de la crítica se centra en el artículo 10, que establece que si no se demuestra el feminicidio, se aplicarán las normas del homicidio. Esto, según las organizaciones, podría consagrar en la legislación una práctica que ya ha identificado como una vía de impunidad en el pasado, permitiendo que casos eventualmente iniciados como feminicidios sean tratados como homicidios.
A través de un comunicado dirigido a Sheinbaum y al Congreso de la Unión, las organizaciones han señalado que, aunque la iniciativa requiere investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio, también permite que esta premisa sea abandonada con insuficientes controles. Exigen que cualquier cambio de clasificación se realice solo tras una resolución fundamentada y después de agotar las investigaciones pertinentes.
Los cuestionamientos también incluyen la obligación de las autoridades de realizar un análisis de contexto durante las investigaciones. Algunas organizaciones subrayan que el actual planteamiento de “valorar” este análisis es insuficiente y piden que se convierta en una obligación con justificación escrita para cualquier omisión.
Además, ha habido críticas hacia la definición de “mujer” en la propuesta, que dice que incluye a “toda persona que se identifique como mujer”. Las organizaciones consideran que esta formulación podría complicar las investigaciones y proponen que la definición se cambie a “la persona del sexo femenino, de cualquier edad”.
Respecto a los transitorios de la iniciativa, se menciona que podrían poner en riesgo figuras jurídicas establecidas por diversas entidades federativas, como las que han emprendido acciones contra la violencia vicaria y la difusión indebida de imágenes de víctimas. También cuestionan la falta de recursos asignados para capacitar a las instituciones encargadas de investigar feminicidios.
Este debate es importante, sobre todo porque la iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. Sin embargo, el plazo para su implementación es extenso, lo que podría significar que las necesidades actuales de estos niños no sean atendidas a tiempo.
La falta de mención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la propuesta y la exclusión de las voces de organizaciones feministas en la creación de políticas también levantan cuestionamientos sobre la efectividad y el enfoque inclusivo del proyecto.
A pesar de las críticas, las organizaciones también reconocen que hay aspectos positivos en la iniciativa, como el carácter imprescriptible del feminicidio. Sin embargo, insisten en que se deben atender sus preocupaciones y sugerencias para garantizar un marco legal realmente efectivo y protector para las mujeres en México.