La Cámara de Diputados ha puesto fin a la solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Este procedimiento, promovido por legisladores de Morena, se ha desestimado tras no ser ratificado en el plazo establecido, lo que significa que no dará lugar a ningún proceso formal en su contra. Para los habitantes de Chihuahua, esta resolución podría generar un alivio, simplificando el ambiente político tenso que se ha vivido en la región.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, destacó que los diputados morenistas no cumplieron con la obligación de ratificar su solicitud en tres días. En sus comentarios a la prensa, reafirmó que la solicitud ya no existe legalmente. Este desenlace se produce en un contexto de confrontación política entre Campos y el Gobierno de México, especialmente tras recientes eventos relacionados con un operativo antidrogas que involucró a agentes estadounidenses.
La gobernadora, quien fue llamada a declarar como testigo en la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), se negó a rendir entrevista, argumentando que el citatorio era ambiguo. Su decisión de no comparecer fue explicada en un escrito, donde también dejó abierta la puerta a colaborar con solicitudes formales de información.
La FGR, por su parte, aclaró que la inmunidad de los gobernadores no les exime de colaborar en investigaciones. Este operativo, que tuvo lugar en abril, dio lugar a la muerte de dos agentes de la CIA durante un accidente, lo que había desencadenado dudas sobre la autorización de personal extranjero en operaciones en territorio mexicano.
Durante un evento reciente del PAN en Chihuahua, Campos denunció una persecución política por parte del gobierno federal y acusó a Morena de haber concentrado poder en manos del crimen organizado. En esta misma reunión, exmandatarios como Vicente Fox y Felipe Calderón expresaron su apoyo y discutieron el contexto político actual, cuestionando presuntas complicidades entre el actual gobierno y grupos criminales.
El cierre de este capítulo judicial es una noticia que puede influir en el clima político y social de la región, ya que las tensiones continúan por la relación entre los gobiernos estatal y federal.