A nivel nacional, el asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar ha encendido una fuerte demanda de justicia entre sus colegas y defensores de la libertad de expresión. Este crimen resalta la creciente violencia que enfrentan los periodistas en México, afectando no solo su seguridad, sino también el derecho del público a recibir información veraz y diversa.
Organizaciones de periodistas, agrupadas en “Periodismo en riesgo Oaxaca”, han pedido al Gobierno del Estado y a las autoridades federales que se esclarezca su muerte y que se garantice que no haya impunidad. Subrayan que este homicidio representa una grave amenaza para el ejercicio del periodismo crítico en la región y el país.
Leyva era conocido por su labor comprometida con la información de interés público. La Asociación de Periodistas de Oaxaca ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que se realice una investigación exhaustiva e imparcial, priorizando las líneas relacionadas con su trabajo, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Asimismo, pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República para asegurar que la investigación sea independiente y libre de influencias. Este llamado, mencionado en un comunicado, enfatiza que sus publicaciones formaban parte de su derecho a informar y que es responsabilidad de las autoridades esclarecer el crimen, analizando todas las hipótesis.
Las organizaciones han instado a diversas instancias gubernamentales, incluyendo la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a reforzar las medidas de protección para los periodistas y asegurar el derecho del público a estar informado. Destacan que la muerte de un periodista no solo afecta a su círculo inmediato, sino que también es un ataque directo a la democracia y la libertad de expresión.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el asesinato y subrayó que la violencia contra periodistas es una violación grave a los derechos humanos, impactando el derecho de la sociedad a estar informada. Hizo un llamado a las autoridades para que realicen una investigación integral, con el debido respeto por los derechos humanos y el proceso legal, mientras se requieren medidas de protección para garantizar que los periodistas puedan desempeñar su labor con seguridad.
El caso de Alejandro Leyva vuelve a poner de relieve el serio desafío que enfrenta el periodismo en México, donde los profesionales de la información son blanco de agresiones que amenazan su seguridad y el derecho de la sociedad a la información.