En Guanajuato Capital, la Contraloría Municipal ha dado un paso adelante en la investigación sobre los permisos otorgados durante la administración de Alejandro Navarro para el fraccionamiento La Cucursola, ubicado en una zona de conservación. Este caso, que ha causado inquietud entre los habitantes de la ciudad y los sectores involucrados en el turismo y comercio, podría tener repercusiones significativas en la gestión del suelo y la protección ambiental.
Israel Waldo Jiménez, contralor municipal, comunicó que se llevará a cabo una audiencia con un exfuncionario relacionado con la concesión de estos permisos antes de remitir el caso al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Esta medida responde a la gravedad de las irregularidades halladas. Aunque Waldo Jiménez no reveló todos los detalles, mencionó que las anomalías están ligadas a “un ejercicio de funciones indebidas”, al no contar con la competencia necesaria para autorizar el cambio de uso de suelo.
Durante el mandato de Alejandro Navarro, se tramitaron al menos diez permisos municipales para La Cucursola. Entre estas autorizaciones, el entonces director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, firmó documentos cruciales, incluyendo los permisos de urbanización y uso de suelo. Sin embargo, es importante destacar que la zona, clasificada como de uso de suelo forestal, tiene restricciones para este tipo de cambios, cuya autorización corresponde a la Semarnat.
Los desarrolladores solo contaban con un permiso limitado para la tala de dos árboles, pero sin autorización para las extensas modificaciones necesarias para construir 49 lotes, algunos de los cuales han superado ya los 4 millones de pesos en venta.
En una audiencia reciente, el juez Efraín Frausto Pérez vinculó a los administradores de “Loma de Irapuato S.A. de C.V.”, dueños del desarrollo, por presuntos delitos ambientales. Las operaciones realizadas en el fraccionamiento están siendo cuestionadas, dado que se ejecutaron sin la aprobación federal esencial para llevar a cabo el cambio de uso de suelo.
El juez también decidió imponer una multa a uno de los implicados, quien deberá implementar un plan de reforestación y compensación ambiental tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República. A pesar de estas acciones, el proyecto La Cucursola aún no cuenta con el permiso oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El acuerdo incluye un plan para reparar los daños en la Sierra de Santa Rosa, que abarca medidas como la reforestación y la conservación de la vegetación local. Se proyectó un compromiso de 2,000 árboles en la Cuenca de la Esperanza, distribuidos a lo largo de cinco hectáreas, con un plazo de seis meses para su cumplimiento y una próxima audiencia programada para verificar avances. Este desarrollo tiene un impacto directo en el medio ambiente local, así como en la percepción de nuestro patrimonio natural por parte de residentes y visitantes.
La situación continúa en evolución y es un recordatorio de la importancia de las normativas medioambientales en el desarrollo urbano, esenciales para preservar la identidad y biodiversidad de Guanajuato Capital, nuestra ciudad patrimonio.