La Fiscalía de Sinaloa ha declarado que la responsabilidad en las solicitudes de extradición relacionadas con funcionarios estatales recae en la Fiscalía General de la República (FGR), que evaluará su procedencia legal. Esta afirmación se produce en el contexto de las acusaciones de autoridades estadounidenses, en particular sobre el vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra.
La Fiscalía subrayó que en México rige el principio de presunción de inocencia, lo que significa que nadie puede ser considerado culpable sin una resolución judicial. Además, enfatizó la necesidad de que cualquier acción judicial se lleve a cabo con respeto al debido proceso, la legalidad y la soberanía nacional.
Las solicitudes de extradición también deben cumplir con las normativas establecidas en la Ley de Extradición Internacional y los tratados entre México y Estados Unidos. La acusación formal contra Castro incluye conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento, entre otros cargos.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, tanto activos como retirados, han sido mencionados en este contexto por su supuesta colaboración con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Un fiscal federal de Nueva York describió al Cártel de Sinaloa como una organización criminal peligrosa, destacando la relación entre el narcotráfico y la corrupción en el ámbito político.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha recibido solicitudes de extradición de varias personas por parte de Estados Unidos y ha enviado esta información a la FGR para su revisión. No obstante, la cancillería indicó que los documentos presentados no contienen elementos de prueba suficientes para justificar una detención provisional con fines de extradición.
Fuente: contactonoticias.com.mx