María Marcuello ha estado lidiando con una complicada situación desde que alquiló su piso en Zaragoza por 600 euros al mes. Tras mudarse a Barcelona, su inquilina, M.C.S.R., dejó de pagar y la propiedad se convirtió en un espacio ocupado sin autorización. El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Zaragoza ha programado el desalojo para el 9 de octubre, después de casi dos años de enfrentamientos legales y acumulación de deudas que superan los 15,000 euros, incluyendo una factura de agua de casi 1,000 euros generada por la inquilina.
A pesar de que la okupación no se clasifica como un delito, según el Código Penal, la usurpación de bienes inmuebles sí lo es, aunque se trata de un delito leve. La reciente Ley Orgánica 1/2025 simplificó los procedimientos para desalojos en casos de ocupación, aunque el proceso civil sigue siendo más común. Este caso en particular ha tardado más de un año en resolverse debido a la naturaleza del procedimiento previo que deben seguir los propietarios.
El Tribunal Supremo ha establecido que cortar suministros a un okupa no constituye un delito de coacciones, siempre que el ocupante no tenga un título legal sobre la vivienda. Dado que M.C.S.R. tenía un contrato de alquiler en su momento, su situación se complica aún más.
La situación de María no es aislada. En toda España, hay una creciente preocupación por la práctica de “inquiokupación”, donde inquilinos legítimos dejan de pagar y se resisten a desocupar. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 14,875 denuncias por usurpación y allanamiento, siendo Cataluña la comunidad más afectada.
A nivel nacional, menos del 0.06% de las viviendas en España están okupadas, lo que sugiere que, aunque el fenómeno es notorio, sus cifras son relativamente bajas en comparación con el total de viviendas disponibles. Sin embargo, en la experiencia de propietarios como María, las consecuencias financieras y emocionales pueden ser devastadoras.
Otros casos recientes, como el de una exmujer de un futbolista del Real Madrid que acumula una deuda de 32,000 euros tras tres años de impago, ejemplifican una tendencia preocupante. Mientras tanto, se estima que el Ministerio de Hacienda tiene más de 33 inmuebles okupados sin que se actúe con la misma celeridad que los propietarios privados.
La falta de reconocimiento formal para el fenómeno de la “inquiokupación” complica aún más la situación, ya que estos casos se mezclan con las estadísticas generales de impagos sin ofrecer soluciones claras. Con el desalojo de María programado, la deuda acumulada seguirá siendo una preocupación significativa sin perspectivas de recuperación.