En México, 17 ciudades figuran entre las 50 más violentas del mundo, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, lo que sitúa al país como el que aporta más urbes a esa lista y plantea implicaciones para la seguridad local.
A nivel global, la clasificación coloca a Puerto Príncipe como la ciudad con la mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, seguida por Babahoyo y Mandela Bay; dentro del top ten aparecen Culiacán y Ciudad Obregón, con tasas reportadas que las ubican en sexta y novena posición, respectivamente.
Organizaciones como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos señalaron que es la primera vez desde 2013 que México aporta solo dos municipios entre los diez más violentos y destacaron que la mayoría de las ciudades mexicanas incluida en la lista presentan tasas inferiores a las observadas en años previos.
Además de Culiacán y Ciudad Obregón, la lista incluye a Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Ciudad Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Chihuahua, Hermosillo, el Área Metropolitana del Valle de México y León.
El informe muestra una concentración regional: 44 de las 50 ciudades provienen de América y las seis restantes pertenecen al continente africano. México encabeza la lista por número de ciudades, con más del doble de urbes que el siguiente país en la clasificación.
José Antonio Ortega, representante del Consejo Ciudadano, afirmó que los datos reflejan una violencia generalizada que no se está resolviendo y consideró que las autoridades no están haciendo lo suficiente para afrontar la crisis de seguridad, con especial énfasis en la situación en Sinaloa pese al despliegue de personal militar.
Ortega añadió que, en su opinión, las autoridades tampoco estarían en condiciones de garantizar la protección de turistas durante el Mundial de Fútbol, dado que a su juicio actualmente no pueden proteger adecuadamente a la población nacional ni a residentes extranjeros.
La organización civil también denunció la existencia de una supuesta operación de Estado para manipular y ocultar las cifras reales de homicidios, al asegurar que los registros gubernamentales y los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía no coinciden y que no se estarían contabilizando adecuadamente las víctimas.
El informe se divulgó tras declaraciones de la presidenta en las que destacó una reducción de los homicidios durante sus primeros 16 meses en el cargo.
Fuente: contactonoticias.com.mx