La Administración de Donald Trump ha lanzado una nueva aplicación oficial de la Casa Blanca para iPhone y Android, destinada a proporcionar actualizaciones en tiempo real y acceso directo a la Presidencia. Sin embargo, su introducción no ha estado exenta de polémica. Trabajadores de diversas agencias federales, como el Departamento de Agricultura y el Departamento de Estado, han reportado que la aplicación se instaló automáticamente en sus dispositivos de trabajo, y al intentar eliminarla, volvió a aparecer poco después.
Los empleados, que han hablado bajo anonimato para evitar represalias, se han quejado de que consideran este hecho como una inyección de propaganda en sus teléfonos oficiales. Un trabajador del USDA explicó que, tras borrar la app, esta reapareció instantáneamente, lo que ha generado inquietud sobre la naturaleza del contenido que se les impone. La app incluye secciones sociales donde se comparten publicaciones de la Casa Blanca y mensajes del presidente en plataformas como Truth Social.
Desde la Casa Blanca, se ha defendido la decisión argumentando que no se requiere crear una cuenta ni proporcionar datos personales para usar la aplicación, y que la información contenida en ella es segura. Esta situación ha suscitado comparaciones con otros casos en el ámbito internacional, donde gobiernos intentaron implantar aplicaciones de manera similar. Sin embargo, la diferencia clave radica en que la app de la Casa Blanca afecta específicamente a dispositivos oficiales, planteando preocupaciones sobre el uso de herramientas de trabajo para difusión política.
El debate no se limita a la conveniencia técnica de la app, sino que se centra en la implicación más amplia de la gestión de dispositivos gubernamentales y el equilibrio entre la comunicación política y las funciones profesionales de los empleados públicos.