Bedran Günes, un pequeño comerciante en Berlín, fue multado con 2.500 euros por abrir su tienda en domingo, una violación de las estrictas normas alemanas que prohíben la venta de productos no perecederos en este día. Esta regulación, que data de 1919, se encuentra en el artículo 140 de la Ley Fundamental alemana y busca preservar el domingo como un día de descanso. A pesar de enfrentar sanciones, Günes afirma que sus ventas dominicales representan hasta el 40% de sus ingresos y argumenta que, sin la posibilidad de abrir, su negocio podría cerrar.
Las restricciones actuales permiten la apertura de bares y restaurantes con permisos específicos, mientras que los supermercados solo pueden vender pan, bebidas, tabaco y alimentos preparados para consumir en la calle. A raíz de la crisis económica que afecta a Alemania desde 2019, el canciller Friedrich Merz ha propuesto una serie de reformas que incluyen permitir la apertura de comercios los domingos, con el fin de revitalizar el sector minorista.
Esta propuesta, que podría implementarse en enero de 2027, ha generado opiniones divididas. Algunos sindicatos consideran que abrir los domingos sería un ataque a los derechos laborales, y muchos comerciantes expresan su preocupación sobre la dificultad de encontrar trabajadores dispuestos a trabajar este día. Sin embargo, hay quienes argumentan que la competencia con las compras online ya ha disminuido la actividad comercial tradicional los domingos.
El sector minorista atraviesa un momento crítico, con más de 60.000 empleos perdidos desde 2022 y el cierre de más de 50.000 tiendas en cinco años. La tasa de desempleo supera los tres millones, un nivel no visto en más de una década. Una encuesta reciente de YouGov reveló que el 43% de los alemanes apoyaría la apertura de tiendas los domingos, un aumento respecto al 34% del año anterior, aunque la mitad de la población sigue en contra de esta medida. Esta división en la opinión pública refleja un cambio gradual, en especial entre las generaciones más jóvenes, que podrían estar más abiertas a ajustar las normas laborales en función de las necesidades del comercio actual.