En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, miles de indígenas católicos marcharon para recordar el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido hace dos años. La concentración se llevó a cabo en tres puntos de la ciudad, culminando cerca de la Catedral, donde el Pueblo Creyente de la Diócesis leyó un pronunciamiento que expone la persistencia de la inseguridad y la violencia en diversos municipios de la región. Los manifestantes compartieron su preocupación sobre el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado y el aumento del consumo de drogas, destacando la vulnerabilidad de niños y adolescentes.
Este evento no solo reitera un reclamo por justicia para el asesinato del padre Marcelo, también refleja un diagnóstico de violencia que parece no haber cambiado desde el año pasado. El pronunciamiento denunció la coacción de los jóvenes y la falta de confianza en las autoridades, evidenciando el alarmante contexto de las amenazas y la violencia que permean la vida diaria en Chiapas.
A pesar de los avances legales en el caso del padre Marcelo, el proceso aún enfrenta obstáculos. Hasta la fecha, uno de los ejecutores materiales ha sido sentenciado a 20 años de prisión, pero los autores intelectuales del crimen no han sido detenidos. El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, quien lleva la defensa jurídica del caso, subraya que el esclarecimiento total de los hechos sigue pendiente y que las investigaciones continúan.
Durante la marcha, los asistentes portaron símbolos de paz y exigieron el fin de la violencia, incluyendo crímenes contra defensores de derechos humanos. La peregrinación, además de su carga emocional, se constituyó como un llamado a la sociedad civil y al Gobierno de México para atender la creciente inseguridad en Chiapas, así como para actuar de manera efectiva ante el crimen organizado.
Los manifestantes también hicieron eco de otros casos de violencia en la región, vinculando el asesinato del padre Marcelo con un contexto histórico de impunidad. En un escenario donde las condiciones sociales son adversas, los pueblos originarios enfatizan la necesidad de ser escuchados y de que sus demandas sean atendidas por las autoridades competentes. Al final del evento, los ciudadanos reafirmaron su compromiso con la paz y la justicia, insistiendo en que la voz del pueblo no puede ser silenciada.