Guanajuato capital.- El Municipio de Guanajuato ha reportado contrataciones públicas que superan los 321 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. De esta cifra, aproximadamente 137.4 millones de pesos, es decir, el 42.69%, fueron asignados mediante adjudicación directa, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de recursos públicos en la ciudad.
Ante esta situación, la diputada Miriam Reyes Carmona, del partido Morena, ha propuesto un punto de acuerdo para incluir una auditoría específica al Municipio de Guanajuato en el Programa General de Fiscalización 2026 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). La intención es revisar detalladamente la administración de los recursos públicos municipales que se han ejercido mediante contratos de adjudicación directa en los últimos años.
Reyes Carmona explicó que es fundamental llevar a cabo un análisis exhaustivo de los procesos de contratación, que incluya contratos, expedientes y justificaciones, así como comprobar que los bienes y servicios contratados hayan sido recibidos tal como se estableció. Este proceso ayudaría a identificar posibles irregularidades y asegurar que los contratos se hayan gestionado de manera adecuada y transparente.
Se destina especial atención al hecho de que de 127 procedimientos de contratación, 100 fueron a través de adjudicaciones directas, lo que representa cerca del 78.74% del total. Aunque estas cifras no son, por sí solas, una evidencia de irregularidades, sí justifican la necesidad de una revisión técnica y especializada para garantizar que se cumplan las normativas vigentes.
La auditoría también busca evaluar si existió una concentración excesiva de contratos en ciertos proveedores y si se ha respetado la obligación de transparencia. Además, se examinará la actuación del Comité de Adquisiciones y la disponibilidad presupuestaria asociada a los convenios modificatorios.
La diputada enfatizó que el objetivo de esta auditoría no es anticipar culpabilidades ni suponer irregularidades preexistentes, sino fortalecer el sistema de fiscalización y, en caso de ser necesario, realizar observaciones y recomendaciones que promuevan la legalidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.