En una reciente tensión laboral en Guanajuato Capital, manifestantes se congregaron el pasado jueves en la recepción del edificio del Primer Tribunal Colegiado Civil federal para expresar su inconformidad con el magistrado Jorge Luis Barbosa Colunga. Las quejas giran en torno a presuntas irregularidades en la entrega de licencias médicas a una de las empleadas del tribunal, lo que ha generado un impacto significativo en el ambiente laboral y, por ende, en la eficiencia del servicio judicial.
Trabajadores del tribunal han señalado que una colega, identificada como oficial C, ha faltado repetidamente desde febrero, utilizando licencias médicas que, según afirman, son cuestionables. Indicaron que esta situación ha derivado en una sobrecarga de labores para sus compañeros, aumentando la tensión dentro del equipo, además de que han denunciado episodios de violencia verbal y física por parte de la misma empleada.
El magistrado Barbosa Colunga, en respuesta a estas acusaciones, defendió su actuación asegurando que las licencias otorgadas han sido validadas por el ISSSTE por condiciones de estrés y depresión. Según documentos presentados por el magistrado, estas validaciones se emitieron en julio por el director del Hospital del ISSSTE en Guanajuato.
A pesar de las protestas, el magistrado ha asegurado que su papel es el de seguir los protocolos establecidos y no puede negar licencias médicas autorizadas por las instancias competentes. Explicó que las licencias son un derecho según la Ley Federal del Trabajo y que cualquier negativa podría resultar en repercusiones legales.
Por otra parte, las trabajadoras del tribunal han manifestado que la compañera en cuestión ha solicitado cinco días económicos, de los cuales no ha presentado los justificantes correspondientes. A esto, Barbosa ha reiterado que su deber es otorgar estas licencias y que se deben seguir los procedimientos adecuados para investigar cualquier posible abuso.
Luego de la protesta, el magistrado se reunió con los empleados inconformes para abordar sus quejas. Durante el encuentro, se acordó iniciar un proceso administrativo si se comprobaban las inasistencias injustificadas, aunque este requeriría la autorización de la magistrada Irma Caudillo, quien supervisa a la trabajadora expuesta.
Finalmente, se determinó que la compañera con ausencias médicas deberá justificar sus faltas en los días próximos. Además, se prevé que su carga de trabajo sea asumida por otro miembro del equipo, para mitigar el impacto en la operación del tribunal. El magistrado Barbosa Colunga reiteró que las quejas no solo deben dirigirse a él, dado que en el tribunal hay un equipo de tres magistrados responsables de las decisiones administrativas.