La organización Artículo 19 ha manifestado su preocupación por los nuevos Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, que podrían poner en riesgo la libertad de expresión al permitir que autoridades supervisen contenidos editoriales. Esta situación podría afectar directamente a los ciudadanos, quienes tienen derecho a recibir información veraz y libre.
En un comunicado difundido en redes sociales, Artículo 19 informó que su equipo jurídico analiza detalladamente el alcance de esta propuesta, anunciando observaciones sobre varias disposiciones que consideran problemáticas para el ejercicio periodístico. La organización advierte que estos lineamientos podrían permitir que las autoridades actúen como “policías o jueces de la verdad”.
Uno de los puntos más controvertidos es el criterio de “veracidad” establecido en el artículo 8, que plantea que la libertad de expresión no debe estar condicionada a que un contenido sea considerado verdadero. Artículo 19 subraya la importancia de identificar quién define qué es veraz, y critica que las definiciones sobre publicidad y propaganda son poco claras, especialmente cuando se trata de mensajes financiados con recursos públicos.
Además, la organización plantea inquietudes sobre la dependencia de la comisión reguladora del Poder Ejecutivo, sugiriendo que esto puede comprometer su independencia. Esta preocupación se agrava en un contexto donde los medios de comunicación enfrentan estigmatización y violencia, lo que puede impactar negativamente en la cobertura informativa.
Otro aspecto cuestionado es el artículo 12, que establece que la información histórica no debe ser presentada como actual. Artículo 19 señala que los hechos del pasado son relevantes, especialmente en cuestiones de derechos humanos cuya responsabilidad estatal sigue vigente. También se critica la falta de claridad en las diferencias entre “recomendaciones” y “determinaciones” de la autoridad reguladora.
Artículo 19 advierte que las sanciones propuestas, que consideran excesivas, podrían llevar a los concesionarios a autocensurarse para evitar multas. Esta situación podría limitar el acceso a una información diversa y plural, fundamental para la democracias.
La organización concluirá su análisis y compartirá una evaluación más amplia de los lineamientos, especialmente sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.