En un reciente pronunciamiento, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó la importancia de que las audiencias accedan a información veraz y tengan derecho a corregir datos erróneos en los medios de comunicación. Esta postura ha sido respaldada por José Mario de la Garza, presidente de la organización “Perteneces”, quien enfatiza que esta exigencia debe también aplicarse al Poder Ejecutivo. De la Garza señala que los derechos de las audiencias no solo son relevantes para medios tradicionales, sino que son aún más críticos cuando la información proviene del propio Estado.
Recordó un incidente específico ocurrido el 21 de agosto de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador difundió información falsa sobre su labor como defensor de derechos humanos durante una conferencia matutina. Esta información, transmitida a nivel nacional, afectó gravemente su reputación. Ante la falta de respuesta a su solicitud formal de derecho de réplica—reconocido en el artículo 6° de la Constitución Mexicana—, De la Garza ha decidido impulsar un juicio de amparo, buscando que la autoridad rectifique la información errónea en las mismas plataformas donde fue emitida.
De la Garza critica que, en lugar de facilitar el ejercicio de este derecho, la Presidencia ha utilizado recursos legales para evitar una respuesta, lo que a su juicio desvirtúa el compromiso del Estado con la verdad. Este caso resalta la necesidad de que las instituciones públicas asuman responsabilidad por la información que difunden, sobre todo cuando esta puede dañar la honorabilidad de las personas. La defensa de los derechos de las audiencias implica un esfuerzo compartido, donde el Estado debe ser el primero en corregir sus propias falacias.