La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detección de un ingreso ilegal de 144 millones de litros de combustibles a México en un periodo de 52 días, una situación que preocupa a la ciudadanía por las implicaciones que esto tiene en la seguridad y la economía del país. La operación, al parecer la más significativa de huachicol fiscal proveniente de Estados Unidos, se llevó a cabo de manera clandestina entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 a través de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.
Las autoridades identificaron que esta red criminal utilizó documentación falsa para introducir diésel, gasolina y nafta ligera sin pagar impuestos ni cumplir con los requerimientos de control aduanero. Esto representa un volumen diario de 2.7 millones de litros, lo que equivale al suministro para aproximadamente 42 mil vehículos cada día. La investigación reveló que se tramitaron 291 pedimentos de importación fraudulentos que hicieron posible el ingreso de mil 366 ferrotanques al país.
Las empresas Ferroservicios y Jumandi Group han sido señaladas como las destinatarias finales de los combustibles. Jumandi Group, de hecho, fue vinculada recientemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Para llevar a cabo su operación, la organización delictiva aparentemente recurrió a los servicios de la agencia Servicios Aduanales JR.
Una vez ingresados al país, los combustibles eran transportados por ferrocarril a Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. A pesar de las investigaciones en curso sobre estructuras criminales relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, el caso demuestra que el huachicol fiscal sigue expandiéndose. La indagatoria se activó tras una denuncia anónima el 21 de julio de 2025, lo que llevó a un cateo en una agencia aduanal, donde se aseguraron 17 ferrotanques ocultando más de 1.6 millones de litros de diésel.
Desde el inicio de las investigaciones, la FGR ha emitido 13 órdenes de aprehensión contra varios empresarios y funcionarios implicados. Hasta ahora, se han detenido a siete personas, incluyendo a Armando Riestra Fernández, dueño de la agencia aduanal. La captura más reciente ocurrió el 12 de junio, cuando se deportó desde EE.UU. a Carlos Eugenio Benítez Orta, subdirector aduanero.
Los procesos en curso se hallan en los centros federales de reclusión del Altiplano y Morelos, donde la mayoría de los implicados enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando. Sin embargo, se continúa la búsqueda de seis fugitivos, incluyendo a dos tenientes coroneles que supervisaron la Aduana de Matamoros durante el periodo de ingreso de combustibles ilegales.
Además, la FGR ha promovido una demanda de extinción de dominio para recuperar la propiedad del buque tanque Blue Commander, que está asegurado desde 2020 por un caso de tráfico ilícito de combustible. Este buque, valuado en 15 millones de dólares, se encuentra anclado en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y podría ser utilizado por Pemex o vendido si el procedimiento avanza satisfactoriamente. La situación actual invita a reflexionar sobre el impacto que estos actos delictivos tienen en la economía y la seguridad de los ciudadanos.