El próximo 29 de junio, el Consejo de Ministros analizará la posible extensión de la rebaja fiscal en carburantes, programada para finalizar ese mismo día. Si no se aprueba esta medida, llenar el depósito de combustible en periodo vacacional podría resultar significativamente más costoso, afectando el presupuesto cotidiano de los ciudadanos en un momento crítico de desplazamientos.
El Gobierno lanzó en marzo un paquete de medidas para contener el aumento de los precios energéticos, vinculado al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Estas medidas incluyeron la reducción del IVA de los combustibles del 21% al 10%, así como una disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos. Dicha reducción está prevista para expirar el 30 de junio, y el Gobierno debe decidir su futuro.
Fuentes de ABC indican que el Ministerio de Economía considera prorrogar el IVA reducido hasta septiembre y aplicar un método gradual para retirar las ayudas, a fin de evitar un repentino aumento de precios durante la temporada alta de viajes. De no extenderse estas medidas, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio calcula que los precios de la gasolina podrían aumentar en 29 céntimos por litro, y el diésel en 22 céntimos. Esto haría que llenar un depósito de 55 litros pasara de costar aproximadamente 70 euros a cerca de 90 euros, justo en el inicio de las vacaciones.
La situación del diésel ha generado preocupación, ya que su precio ha superado al de la gasolina, algo poco habitual por su menor fiscalidad. A pesar de una baja reciente en los precios, el litro de diésel sigue un 5% más caro que antes del conflicto militar. Si se elimina la reducción del impuesto especial sobre los hidrocarburos, es probable que el precio del diésel vuelva a superar los 2 euros.
El Gobierno no puede decidir unilateralmente la prórroga de estas medidas, ya que requiere el apoyo del Congreso. Esto implica negociaciones con partidos como Junts y el PNV, que ya mostraron descontento durante la aprobación inicial de estas medidas en marzo. Además, el Banco de España ha señalado críticas hacia la efectividad de las ayudas frente a la crisis, advirtiendo que las medidas no están adecuadamente dirigidas a los más afectados.
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías han solicitado que cualquier extensión de las ayudas tenga en cuenta al sector del transporte por carretera, vital para la economía nacional. El presidente Pedro Sánchez ha declarado que un nuevo decreto se enfocará en proteger tanto al tejido productivo como a la ciudadanía, aunque todavía no se han detallado los pormenores de estas acciones. La incertidumbre económica continuará afectando los precios en el corto plazo, incluso si se llega a un acuerdo de paz entre las partes involucradas.