Vigo ha aprobado una nueva tasa turística que entrará en vigor el 1 de octubre. Este impuesto, que oscila entre 0,80 y 2 euros por persona y noche, se aplicará a los visitantes según el tipo de alojamiento. La medida ha generado controversia, con opositores en el sector hotelero y en la política, quienes exigen claridad sobre el destino de los fondos recaudados. El alcalde, Abel Caballero, argumenta que el ingreso fortalecerá la promoción turística de la ciudad y subraya que la tasa es más baja en comparación con otras ciudades como Santiago de Compostela y A Coruña.
Las tarifas varían dependiendo del establecimiento: los hoteles de cinco estrellas cobrarán 2 euros, mientras que los albergues y campings solo 0,80 euros. Además, se contempla un periodo de implementación gradual, donde las estancias de tres a cinco noches no tendrán recargo hasta julio de 2027. Los cruceros tampoco estarán sujetos a esta tasa en ese lapso, y el cobro se limitará a un máximo de cinco noches.
Vigo no aplicará el mismo esquema que Santiago, donde se grava incluso las reservas breves sin pernoctación. En contraste, Vigo y A Coruña solo cobrarán a quienes pernocten. Este enfoque permite a quienes visitan la ciudad por un día sin reservas no hacer frente al impuesto, un aspecto que forma parte del debate sobre la masificación del turismo en estas ciudades.
A nivel nacional, Cataluña tiene actualmente la tasa turística más alta de España, mientras que Baleares aplica su ecotasa desde 2016, que puede llegar a 8 euros en verano. En Galicia, varios ayuntamientos han optado por establecer esta tasa, y el País Vasco también se unirá en enero de 2027. Mientras tanto, Madrid y Andalucía aún no implementan este tipo de impuesto, aunque se avanza hacia una posible discusión sobre su incorporación en estas regiones.
Comparativamente, en Europa, la tasa turística de Ámsterdam alcanza hasta el 12,5% del precio de la reserva, mientras que Atenas puede cobrar hasta 15 euros en hoteles de lujo. En este contexto, los 2 euros máximos establecidos en Vigo se consideran relativamente bajos. La historia de los impuestos turísticos en España se remonta a 2001, y la reciente expansión de estas tasas sugiere una tendencia creciente, donde cada nueva incorporación reduce el margen para que otras ciudades se mantengan al margen de este tipo de cobros.