México: Llamado a SCJN para proteger derechos de desplazados en [Estado]

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un tema crucial este martes: el Amparo en Revisión 269/2025, que podría impactar directamente a miles de mexicanos que enfrentan el desplazamiento forzado interno. Este fenómeno, que ha obligado a muchas personas a abandonar sus hogares debido a la violencia y la persecución, plantea una grave situación que aún carece de un marco legal adecuado en el país.

El proyecto de resolución, presentado por la ministra María Estela Ríos, propone negar el amparo solicitado, argumentando que no existe una obligación constitucional para que el Congreso de la Unión legisle sobre este tema. Esta omisión legislativa, si se confirma, dejaría a muchas familias sin la protección y el respaldo que necesitan tras haber perdido sus hogares y medios de vida.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) ha señalado que, sin una ley federal que aborde el desplazamiento forzado, las víctimas carecen de un sistema que les garantice sus derechos y el acceso a servicios básicos, como salud y educación. El CNLE alega que el Estado debe asumir su responsabilidad para proteger a estas personas y su falta de acción perpetúa su sufrimiento.

Los aspectos centrales del amparo incluyen tres reclamos: la falta de una ley específica, la ausencia de una entidad que atienda a los desplazados y la falta de recursos presupuestarios dirigidos a esta problemática. La SCJN tendrá la tarea de abordar estas graves omisiones y su potencial efecto en la vida de miles de mexicanos que buscan justicia.

Reconocer la existencia del desplazamiento forzado y al mismo tiempo negar la obligación de legislar para proteger a las víctimas podría significar una grave falta de compromiso del Estado. El CNLE ha instado a la Corte a que no solo considere el aspecto legal, sino también la humanidad y las necesidades de aquellos que han sido despojados de sus derechos básicos.

Este momento es crucial no solo para los afectados, sino para el sistema de justicia del país. Está en juego la posibilidad de construir un marco integral que garantice la atención y protección de quienes deben rehacer sus vidas en medio de circunstancias extremadamente adversas.