El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México ha dictado una suspensión provisional que obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a aceptar de inmediato las denuncias de desaparición presentadas por 55 madres y familiares que mantienen un campamento de protesta en sus instalaciones. Esta acción busca atender a las familias a las que el Ministerio Público había negado asistencia desde el 9 de septiembre, marcando un avance en la lucha por la justicia en un contexto de crisis por desapariciones en el país.
El recurso legal fue interpuesto por la organización Abogados Convencionalistas de México y tiene un impacto directo en las familias afectadas, que exigen una respuesta efectiva de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. La resolución judicial también establece un plazo de 48 horas para que la FGR informe sobre su cumplimiento, una medida esperada por quienes han enfrentado el dolor de no contar con apoyo en su búsqueda.
Este fallo responde a la movilización de diversos colectivos como Buscando Cuerpos y Guerreras Buscadoras Jalisco, que han denunciado obstáculos burocráticos en el proceso de formalización de denuncias. El juez ha programado una audiencia el 29 de septiembre para decidir sobre la suspensión definitiva, y una audiencia constitucional para el 16 de octubre que tratará el fondo de la demanda.
Las familias solicitantes han instado a la FGR a respetar la orden judicial, evitando nuevas demoras que prolonguen su sufrimiento. La decisión del juez se enmarca en un ambiente de creciente tensión entre los colectivos de búsqueda y la Fiscalía, que ha mostrado resistencia a recibir las denuncias adecuadamente, obligando así a las familias a manifestarse públicamente en demanda de justicia.
México enfrenta un grave problema humanitario, con más de 130,000 personas desaparecidas según registros oficiales. La carga de la búsqueda recae mayormente en las madres y familiares, quienes realizan esfuerzos que se ven complicados por la saturación de servicios forenses y la impunidad en las investigaciones. La burocracia se suma como un reto diario para esas familias, que solo buscan cerrar cicatrices abiertas en la sociedad mexicana.