La Fiscalía General de la República (FGR) ha dejado claro que no existe una persecución política contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien está bajo investigación por su presunta implicación en una red de contrabando de combustibles. La FGR sostiene que el caso se basa en 96 evidencias recopiladas a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados en Coahuila, un problema que representa un riesgo para la población y la industria.
Este desarrollo ha surgido tras la difusión de un comunicado de la Fiscalía, donde se detalla que la investigación fue impulsada por la aparición de 33 ferrotanques en mal estado en Ramos Arizpe, Coahuila. Los análisis revelaron un entramado delictivo que se extendió a otros estados y se confirmó la participación de diversas empresas en la importación y transporte de hidrocarburos.
De acuerdo con la FGR, Ernesto Ruffo Appel se unió a la estructura de la empresa implicada en 2018 y ha estado involucrado en decisiones vitales para la operación corporativa. Los análisis de documentación y pruebas periciales han aportado datos significativos que han permitido discernir la existencia de una red preparada para operar a gran escala.
La Fiscalía también informó que el daño patrimonial por este caso podría superar los 4,000 millones de pesos, derivado de múltiples operaciones irregulares detectadas en colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria.
La FGR reiteró que las investigaciones se están llevando a cabo con estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos, enfatizando que la prisión preventiva es necesaria dado el tipo de delitos que se investigan. Además, expresó que Ruffo Appel “no es objeto de persecución por razones políticas”, sino por sus presuntas acciones delictivas.
Este asunto ha suscitado preocupación a nivel internacional, ya que la Iniciativa Democrática de España y las Américas, integrada por exjefes de Estado, ha señalado que existe una posible violación al debido proceso en el tratamiento de Ruffo Appel. Sin embargo, el partido Morena ha defendido que el tema depende exclusivamente de las instituciones de justicia mexicanas, asegurando que se ha garantizado el debido proceso en todo momento.
El pasado 23 de julio, un juez vinculó a proceso a ocho personas, incluyendo a Ruffo Appel, por delitos relacionados con el contrabando de combustibles, lo que refuerza la complejidad y la gravedad de este caso.