La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha iniciado una investigación sobre los presuntos abusos a derechos humanos ocurridos durante y después de la protesta del 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Esta movilización, que juntó a miles de ciudadanos exigiendo soluciones a la crisis de calidad del agua, ha desencadenado preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
La CNDH ejercerá su facultad de atracción para recolectar testimonios de las víctimas y evaluar si hubo irregularidades durante las detenciones realizadas, así como el acceso a una defensa jurídica adecuada. La presidente de la CNDH, Claudia Sheinbaum, confirmó que las investigaciones ya están en marcha, enfatizando la importancia de esclarecer estos hechos.
El organismo también se ha comunicado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que ha mostrado disposición para colaborar en la entrega de documentos relacionados con el caso. La CNDH está recabando testimonios directamente de los afectados, así como realizando las certificaciones médico-legales pertinentes ante las denuncias de tortura y tratos inhumanos.
La CNDH ha subrayado su compromiso para llevar a cabo una investigación exhaustiva y objetiva, priorizando las voces de quienes aseguran haber experimentado agresiones. Además, abrirá canales de comunicación con las víctimas y mantendrá el seguimiento de las acciones de las autoridades involucradas.
La manifestación del 11 de octubre se llevó a cabo en un contexto de creciente descontento por la calidad del agua en diversas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante la protesta, que culminó en Casa Jalisco, se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía estatal, quienes utilizaron métodos como gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Las autoridades reportaron inicialmente 39 detenciones, aunque posteriormente todos los detenidos fueron liberados.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura, lo cual ha llevado a la CNDH a tomar medidas enérgicas para investigar las circunstancias de este evento y proteger el derecho a la protesta pacífica.