Una actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje intentó realizar un embargo esta mañana en la Presidencia Municipal de Celaya debido a un laudo pendiente que involucra a un ex empleado del Sistema DIF. Este laudo, que asciende a aproximadamente 195 mil pesos, se había emitido en enero de 2024 y no había sido cumplido por la administración anterior.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, explicó que el juicio laboral se inició en 2019 y, aunque es un asunto de la administración pasada, el municipio es considerado obligado solidario. Esto significa que, aunque el laudo corresponde al DIF, la Presidencia tuvo que actuar en consecuencia.
Durante la diligencia, el personal municipal solicitó que se suspendiera el embargo para evaluar los términos del laudo y cómo se podría efectuar el pago. Existen incertidumbres sobre si el dinero provendrá de recursos del DIF o del municipio.
Nieto también mencionó que el litigio no estaba siendo gestionado por el área jurídica del municipio, sino por un abogado externo que no asistió a una audiencia crucial, lo que complicó el proceso. Para evitar que situaciones similares se repitan, se ha solicitado un informe sobre todos los litigios pendientes ante el Ayuntamiento.
Este tipo de asuntos resalta la importancia de la transparencia y el seguimiento adecuado de los estudios jurídicos, impactos que podrían directamente afectar la operación de servicios en el Municipio de Celaya.