La Fiscalía General de la República (FGR) ha desmantelado cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en diversas entidades del país, acciones que impactan directamente la seguridad y estabilidad económica de las comunidades. En San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, se identificaron instalaciones dedicadas a actividades ilegales que afectan no solo a la industria petrolera, sino también a los ciudadanos que enfrentan los efectos del huachicol.
Las investigaciones de la FGR surgieron tras recibir denuncias anónimas sobre un complejo en San Luis Potosí, donde se observaba el ingreso constante de autotanques. Durante un operativo legal, las autoridades aseguraron ocho tanques de grandes dimensiones, más de 890 contenedores de mil litros, así como maquinaria y equipo para el procesamiento de hidrocarburos. Esta intervención busca frenar el flujo de combustible robado, un problema que afecta el abasto y los costos de los combustibles en la región.
En un segundo operativo en la Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, se localizó un predio que presuntamente se usaba para el mismo propósito. Se aseguraron 18 tanques, líneas de producción y una cantidad significativa de petrolíferos, detención que resalta el compromiso del Gobierno de México en la lucha contra este delito.
En Hidalgo, autoridades procedieron a un cateo en una instalación en Tizayuca, donde se encontraron 32 contenedores de mil litros y otros de mayor capacidad, además de cientos de miles de litros de posible hidrocarburo o productos químicos. Estas acciones son parte de una estrategia nacional impulsada por diversas secretarías y dependencias para eliminar esquemas ilícitos que perjudican a la población.
Finalmente, en Morelos, se recibió una denuncia que alertaba sobre movimientos sospechosos en Cuautla, donde se observado el ingreso de pipas custodiadas, lo que llevó a la intervención de las autoridades. Los cateos en estas instalaciones subrayan la importancia de la colaboración entre ciudadanos y agencias gubernamentales para enfrentar el problema del huachicol, mejorando así la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.