Desde enero de 2025, Madrid ha iniciado las obras de soterramiento de la A-5, un proyecto comparado con las ambiciosas reformas de Madrid Río y el soterramiento de la M-30. Estas intervenciones prometen mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero también han suscitado preocupaciones sobre los costos emergentes y el estado de la infraestructura existente.
Un informe de la consultoría LRA, que ha permanecido sin publicarse durante cinco años, revela que son necesarios 400 millones de euros para abordar problemas estructurales en la M-30. Este diagnóstico, realizado en 2021, señala que no se han llevado a cabo inversiones significativas en el mantenimiento de esta autopista y que la ciudad enfrenta un posible desajuste financiero.
Los 400 millones necesarios se justifican por la urgencia de garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de la infraestructura, que debería alcanzar los 100 años. Aunque con intervenciones limitadas el costo podría reducirse a 200 millones, cerrar los túneles durante el trabajo resulta inviable, lo que eleva considerablemente el gasto.
Los datos de LRA indican que en el 20% de los túneles hay deficiencias graves. Los accesos y espacios de emergencias presentan un panorama similar, con problemas de mantenimiento posiblemente atribuibles a fallos en diseño y ejecución más que a la falta de atención. El Ayuntamiento ha admitido que la empresa Emesa, responsable del mantenimiento, no ha cumplido con sus obligaciones desde 2016.
Este contexto se complica al recordar que el Consistorio decidió hace una década no reparar ciertas zonas, anticipando la necesidad de reconstrucción. La falta de un plan de mantenimiento estructural efectivo hasta 2020 ha puesto aún más en riesgo la infraestructura crítica de la ciudad.
La construcción de los tramos de la M-30 simboliza una de las obras más significativas en la historia de Madrid, liberando vastas áreas para el uso ciudadano. Sin embargo, el costo total de su creación se estima en 6.000 millones de euros, con una deuda que se extenderá por 30 años. Este panorama plantea un dilema crucial para el futuro urbano de la capital española, donde la promesa de espacios renovados debe equilibrarse con las realidades financieras y de infraestructura.