Dolores Hidalgo, Guanajuato.— Durante los últimos dos años, el gobierno municipal encabezado por Adrián Hernández Alejandri consolidó un modelo de contratación pública basado casi por completo en la adjudicación directa. Documentos obtenidos por Contacto Noticias a través de la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que entre 2024 y 2025, alrededor del 95% de los contratos municipales fueron entregados sin licitación pública.
La cifra económica detrás de este esquema alcanza los 149 millones 975 mil 811 pesos, recursos públicos asignados mediante un mecanismo que la ley contempla como excepcional, no como regla general.
La adjudicación directa existe para circunstancias específicas: emergencias, servicios altamente especializados o montos reducidos donde un concurso público podría resultar desproporcionado. Sin embargo, cuando esta modalidad domina casi la totalidad del gasto contratado, surge una pregunta inevitable: ¿por qué evitar la competencia abierta?
La licitación pública no es un simple trámite burocrático. Es el principal candado institucional para proteger el dinero de la ciudadanía. Obliga a comparar propuestas, transparentar condiciones, abrir el proceso a distintos participantes y buscar mejores precios y mejores resultados. Cuando se sustituye sistemáticamente por adjudicaciones directas, desaparece la competencia y aumenta la discrecionalidad.
Uno de los focos de atención más delicados en este tipo de prácticas es la posible fragmentación contractual. Es decir, dividir compras, obras o servicios en varios contratos menores para mantenerlos dentro de rangos que permitan asignarlos directamente. Si esta mecánica se confirma, no se trataría de eficiencia administrativa, sino de una ingeniería diseñada para esquivar controles legales.
El efecto práctico es profundo. Se concentra el poder de decisión en pocos funcionarios, se reduce la posibilidad de que nuevas empresas compitan, se limita la vigilancia ciudadana y se multiplica el riesgo de favoritismos. El dinero público deja de asignarse en un mercado abierto y comienza a repartirse desde escritorios cerrados.
Todo esto ocurre en un municipio con necesidades reales en infraestructura, servicios básicos, mantenimiento urbano y desarrollo económico. Cada peso ejercido sin competencia genera dudas legítimas sobre si la ciudadanía obtuvo la mejor opción disponible o simplemente la opción elegida por el poder.
El caso de Dolores Hidalgo no solo exhibe una estadística alarmante. Expone una forma de gobernar donde la excepción legal se volvió costumbre política.
Cuando el 95% de las contrataciones se decide sin concurso, ya no hablamos de casos aislados. Hablamos de un sistema.
Y en todo sistema opaco, los grandes perdedores suelen ser los ciudadanos.
Por Rosario Martinez de la Vega