Una jueza federal ha dictado una sentencia de amparo que favorece a los transportistas en Guanajuato capital, desafiando al Gobierno y al Ayuntamiento por su convocatoria de concesiones del transporte público. Esta decisión impacta directamente la calidad del servicio de transporte, afectando tanto a la comunidad local como a los turistas que visitan nuestro Centro Histórico y otros puntos clave de la ciudad.
El amparo fue promovido por varias empresas transportistas, quienes argumentaron que la presidenta municipal y el Ayuntamiento habían violado sus derechos al no seguir los procedimientos legales necesarios para la concesión de permisos, conforme dictamina la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato. La jueza, Luz Adriana Rico Páez, determinó que las autoridades cometieron irregularidades y, como resultado, ordenó que no se llevara a cabo la convocatoria impugnada.
La Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte del municipio se encuentra ahora en un proceso de revisión de esta sentencia. Alejandro Barbarino Sosa, subsecretario de la dependencia, informó que se presentó un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal en Materia Administrativa, el cual aún está pendiente de resolución. Esto genera incertidumbre sobre el futuro de las concesiones y el reconocimiento de derechos para los transportistas.
Por otro lado, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, junto a regidoras de oposición, han denunciado la falta de transparencia en la gestión del transporte, acusando al gobierno municipal de actuar con opacidad y de aplicar decisiones poco claras al otorgar permisos a una empresa foránea, lo que ha afectado directamente a rutas locales.
Conductores de transporte urbano han exigido claridad en el manejo de permisos, pues el retiro de varias unidades ha impactado su capacidad de trabajo. La situación ha puesto de relieve la urgencia de atraer diálogo entre las partes implicadas para buscar soluciones que sean justas y efectivas, beneficiando así a usuarios y prestadores de servicio en Guanajuato capital.