El Gobierno vasco ha dado un paso significativo en la gestión de la vivienda en Donostia al acordar la compra del derecho de superficie de 510 viviendas protegidas del barrio de Benta Berri a Testa Residencial, que está vinculada al fondo de inversión Blackstone. Esta transacción, valorada en 100 millones de euros, transformará estas viviendas en propiedad pública permanente, rompiendo con el modelo tradicional en el que las viviendas proteges se traspasan al mercado libre tras un periodo de tiempo determinado. Este nuevo enfoque, conocido como “modelo vienés”, tiene como objetivo garantizar que las viviendas permanezcan accesibles a largo plazo, beneficiando a los inquilinos que seguirán pagando alquileres que oscilan entre 600 y 1,000 euros al mes.
La adquisición está prevista para finales de este año, y representa una inversión estatal en un contexto donde Euskadi se posiciona entre las regiones con los precios de vivienda más altos del país. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha señalado que el costo de estas viviendas es comparable al de construir nuevas, lo que respalda esta decisión. Este acuerdo surge en un momento crítico, ya que muchos inquilinos en el área habían recibido notificaciones de no renovación de sus contratos, lo que llevó a la creación de asociaciones vecinales, como Alokairu, respaldadas por Stop Desahucios, para defender sus derechos.
El plan de adquisición se remonta a los años 90, cuando las viviendas fueron inicialmente construidas bajo un régimen de protección temporal. A medida que el plazo de 30 años de alquiler protegido se acercaba a su final en 2028, el riesgo de que estas propiedades pasaran al mercado privado aumentó. La intervención del Gobierno vasco busca evitar que estas viviendas, en su mayoría ya ocupadas por residentes durante años, se conviertan en propiedad de fondos inversores.
Históricamente, Blackstone ha estado involucrado en la compra de activos inmobiliarios en España desde 2013, incluyendo operaciones que han generado críticas por su impacto en el mercado de alquiler. Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre el papel de las instituciones públicas y su responsabilidad en la gestión de la vivienda.
El modelo vienés, que inspira esta iniciativa, se basa en la construcción y mantenimiento de viviendas públicas que no retornan al mercado privado, asegurando así disponibilidad a largo plazo. Donostia se encuentra en una etapa de transición, y aunque esta adquisición marca un avance, sigue habiendo críticas sobre la efectividad de este enfoque frente a la deuda acumulada y falta de nuevas construcciones para realojar a los inquilinos en riesgo. El Gobierno prevé seguir avanzando en reformas que pueden beneficiar a más viviendas en el futuro, en un esfuerzo por convertir esta compra en el primer paso hacia un sistema más sostenible.