El Gobierno de España ha anunciado una inversión de 719 millones de euros para crear una “Gigafactoría de inteligencia artificial”, un paso significativo en la búsqueda de soberanía tecnológica en Europa. Este esfuerzo se alinea con la ambición de la Comisión Europea, que planea movilizar 20.000 millones de euros para desarrollar centros de IA y así reducir la dependencia de grandes tecnológicas estadounidenses. A pesar de que la inversión española es relevante, es inferior en comparación al gran capital que estos proyectos requieren.
La iniciativa busca posicionar a España en un consorcio multisede que incluye ubicaciones como Móra la Nova en Tarragona y San Fernando de Henares en Madrid. Sin embargo, el anuncio deja muchas preguntas abiertas, especialmente sobre el acceso y la gestión de estos centros de datos. Aunque se menciona que estarán orientados a “servir al ecosistema de IA español”, no está claro si estarán disponibles para el público general o solo para organismos públicos y grandes empresas.
A nivel global, la inversión en centros de datos se está disparando. En Estados Unidos, se prevé que el gasto en inteligencia artificial alcance los 673.000 millones de dólares en 2026. China, por su parte, planea invertir alrededor de 295.000 millones de dólares en cinco años en infraestructura de IA. Comparando, mientras que España destina aproximadamente 15 euros por habitante, China invertirá cerca de 195 euros por persona.
La experiencia del MareNostrum 5, un superordenador reconocido, podría dar pistas sobre el acceso a la nueva gigafactoría. Actualmente, este tipo de recursos no son de libre acceso y requieren justificaciones complejas para su uso. Aunque la intención de España es disminuir su dependencia tecnológica, se prevé que los chips utilizados en estos nuevos centros serán de Nvidia, una empresa estadounidense, lo que pone de relieve la realidad de la interdependencia global en este ámbito.
La aprobación de esta iniciativa es un paso positivo, pero aún carece de fechas concretas y detalles sobre su implementación. Si bien la propuesta es prometedora, la realidad de su ejecución sigue siendo incierta. A medida que se avanza hacia una mayor autonomía tecnológica, la verificación de estas inversiones será crucial para que se conviertan en realidades tangibles y beneficiosas para el país.