España se posiciona como un destino atractivo para la instalación de centros de datos gracias a su suelo, conectividad y recursos de energía renovable a precios competitivos. Sin embargo, el Gobierno ha establecido condiciones estrictas para que las empresas tecnológicas que deseen establecer estos centros asuman responsabilidades en el uso de energía limpia. La nueva normativa exige que los centros de datos con una potencia de acceso de al menos 1 MW cubran el 80% de su consumo a través de autoconsumo renovable o contratos de compra de electricidad de fuentes renovables nacionales. Además, las plantas generadoras de esta energía deben ser recientes, con un período no mayor a 18 meses desde su puesta en funcionamiento hasta el inicio de las operaciones del centro de datos.
No solo se requiere adquirir energía limpia; también se impone la correlación horaria, lo que significa que al menos el 80% de la energía utilizada en cada hora debe provenir de fuentes renovables generadas en ese mismo instante. Este requerimiento ha generado preocupación en el sector, ya que la operación continua de los centros de datos puede hacer que sea complicado cumplir con esta condición, especialmente cuando las fuentes renovables son intermitentes.
Desde 2020, se han concedido más de 12 GW de capacidad de acceso a centros de datos, superando la demanda estimada para 2030. Esto ha llevado a un aumento notable en el consumo eléctrico de estas infraestructuras, reportando incrementos interanuales superiores al 75%.
Los altos consumos de energía de los centros de datos podrían repercutir en la factura eléctrica de los hogares, con riesgos observados en otros países donde su presencia ha incrementado los costos de electricidad para los residentes locales. El borrador del decreto reconoce este riesgo, indicando que la expansión desordenada de centros podría resultar en un mayor uso del gas como fuente energética, encareciendo aún más la electricidad de todos los consumidores.
La asociación SpainDC estima que el sector de los centros de datos podría aportar unos 67.000 millones de euros a la economía española para 2030. Sin embargo, las exigencias del nuevo decreto generan preocupación entre las empresas del sector. A raíz de las alegaciones presentadas, el Gobierno ha mostrado disposición a suavizar algunos requisitos, buscando equilibrar la necesidad de inversión en infraestructura con la protección de la red eléctrica y el control de precios.
La abundancia de energía renovable en España es un atractivo, pero el Gobierno enfatiza que no puede comprometer la sostenibilidad económica y social en la búsqueda de crecimiento industrial.