El incendio en Los Gallardos, Almería, ha sido catalogado como el más mortífero en España en lo que va del siglo, con al menos doce víctimas mortales y alrededor de 6.600 hectáreas devastadas. Esta tragedia ha llevado al desalojo de 1.405 personas, muchas de las cuales fueron encontradas en sus vehículos, atrapadas sin salida en el fuego. Mientras la Autoridad Medioambiental y la Guardia Civil se esfuerzan por identificar a las víctimas y sofocar el incendio, ha surgido un intenso debate público sobre su posible origen.
Una de las teorías más discutidas se centra en un cable de electricidad roto que, según algunos informes, pudo ser el causante del fuego. Aunque la compañía Endesa envió a un equipo técnico que determinó que el cable no pertenecía a su red, Red Eléctrica de España confirmó que tampoco era parte de su infraestructura. Se ha establecido que se trataba de una acometida privada de baja tensión, abandonada desde 2009 y que, según los técnicos, no debería tener tensión.
Este hecho ha llevado a una cuestión relevante: si el cable realmente estaba “sin tensión”, como indican los registros, cómo pudo haber generado algún tipo de ignición. Los peritos judiciales han aclarado que si no hay carga eléctrica, es físicamente imposible que el incendio se haya originado de esa manera. Esto plantea una preocupación más amplia sobre cuántos cables similares podrían estar fuera de servicio en España.
La problemática de los cables defectuosos es grave. Aunque representan un bajo porcentaje en el total de igniciones, suelen ser responsables de incendios de grandes proporciones. En California, por ejemplo, los cables son responsables de justo la mitad de los fuegos más destructivos, a pesar de causar menos del 10% de los incidentes. En España, aunque no existe una estadística específica, algunos estudios apuntan que los cables han provocado en torno al 10% de los incendios accidentales.
Después de los incendios en Guadalajara en 2005, se establecieron normativas que obligan a los propietarios de las redes eléctricas a mantener sus líneas y revisar su estado. Sin embargo, la situación de Los Gallardos destaca un problema mayor: la falta de responsabilidad sobre ciertas acometidas, que podrían estar en condiciones peligrosas y sin mantenimiento adecuado.
A medida que se investigan las responsabilidades detrás de esta tragedia, se espera que crezca la presión para asegurar un mejor control de los tendidos eléctricos privados en áreas forestales. En definitiva, la prevención sigue siendo crucial, pero en España, la inversión actual en este ámbito es mucho menor de lo necesario, lo que plantea un desafío significativo para la protección del entorno y la comunidad.