Vivir a 110 kilómetros del lugar de trabajo puede parecer una alternativa para ahorrar en alquiler, pero los costos ocultos relacionados con el transporte, el tiempo y el sueño pueden superar los beneficios. Este es el caso de María Inmaculada Jiménez, quien diariamente recorre 220 kilómetros para gestionar un restaurante en La Cala de Mijas, Málaga, lo que la obliga a costear tanto el transporte como el estrés asociado al largo desplazamiento. Este fenómeno, denominado “super-commuting”, refleja un problema más amplio: los ingresos insuficientes para acceder a viviendas asequibles en áreas cercanas al trabajo.
Un estudio de Stanford revela que desde la pandemia, los desplazamientos de más de 64 kilómetros han aumentado del 15,8% al 18,5% en las diez principales ciudades de EE. UU. Los trayectos de 120 kilómetros o más han crecido un 30%, representando aproximadamente el 3% de todos los desplazamientos. Aquellos que pueden teletrabajar suelen tolerar viajes largos ocasionalmente, pero la mayoría de los trabajadores en sectores como la hostelería deben enfrentarse a estas distancias de forma regular y en horarios poco flexibles.
Llevar a cabo un análisis económico es fundamental en estos casos. Para estimar los costos de un desplazamiento de 220 kilómetros diarios, considerando 220 días laborables al año y una velocidad promedio de 90 km/h, se llega a un total de 48.400 kilómetros anuales. Solo en combustible, este desplazamiento podría costar más de 3.200 euros, y si se tiene en cuenta la tarifa de kilometraje de Hacienda, el gasto se eleva a más de 12.500 euros al año. Esto sin contar los gastos adicionales, como el seguro del coche y el mantenimiento, que a menudo se subestiman.
La situación de la vivienda en España agrava estas circunstancias. Alquilar una habitación alcanzó una media de 430 euros al mes en el primer trimestre de 2026, con precios en Málaga que superan dicho promedio. El coste medio de un piso en la capital de Málaga cerró en 15,3 euros por metro cuadrado, marcando un récord histórico. Esto, combinado con el encarecimiento del suelo urbano, que ha superado los 200 euros por metro cuadrado, complica la situación para aquellos que buscan vivienda accesible.
El transporte no solo implica costos monetarios, sino también un efecto dañino en la salud. Los trabajadores que enfrentan largos desplazamientos suelen sufrir problemas de salud debido a la privación del sueño y el estrés acumulado. Además, cualquier accidente en el trayecto podría clasificarse como accidente laboral, representando una responsabilidad adicional para los trabajadores.
El debate sobre la vivienda y el trabajo no se limita a aspectos económicos. El sector de la hostelería está preocupado por la competencia desleal que plantea el alquiler turístico, que reduce la oferta de viviendas para trabajadores. En este contexto, la reciente propuesta del gobierno para aumentar el salario mínimo interprofesional podría ofrecer un alivio a algunos trabajadores, aunque la efectividad de esta medida se mantendrá en el aire hasta ser concretada.