El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no reclamar unos 112 millones de euros en facturas de electricidad impagadas por las empresas que gestionaron la M-30 durante años. Según una investigación de El Mundo, estas empresas se negaron a asumir los costos a pesar de las múltiples demandas del consistorio desde 2017. Con la conversión de Calle 30 en gestión pública, cualquier posibilidad de recuperar esta suma parece desvanecerse.
La transición a una empresa completamente pública, anunciada por el Ayuntamiento, había prometido un ahorro de más de 1.000 millones de euros a largo plazo. Sin embargo, esta renuncia al cobro de deudas acumula inquietudes sobre el manejo financiero del proyecto y la actuación del Ayuntamiento en este proceso. Calle 30, que fue operada en un modelo mixto durante dos décadas, vio cómo el Ayuntamiento adquiría un 80% de las acciones, mientras que Emesa controlaba el 20% restante.
La deuda eléctrica comenzó con unos 54 millones de euros y aumentó anualmente, evidenciando la situación conflictiva entre el Ayuntamiento y Emesa. Durante la gestión de Manuela Carmena y posteriormente bajo José Luis Martínez-Almeida, se mantuvieron las exigencias de pago, a pesar de la negativa constante de la empresa. Los cuestionamientos sobre las cláusulas de la licitación de 2005 reflejan un conflicto de interpretaciones que desembocó en esta situación.
El Ayuntamiento ha defendido su postura, argumentando que las reclamaciones seguían por “cautela jurídica”, a pesar de que se había acordado previamente que Emesa no sería responsable de esos costes. Sin embargo, la ausencia de acciones legales concretas plantea dudas sobre la efectividad de estos esfuerzos.
La investigación también plantea interrogantes sobre la tardanza en abordar esta situación. La Cámara de Cuentas había señalado irregularidades en 2016, pero no se presentó ninguna demanda, lo que sugiere una falta de acción desde las instancias pertinentes. Además, Emesa ha estado involucrada en disputas legales con el Ayuntamiento por diversas causas, incluyendo el cumplimiento de compromisos de mantenimiento.
Por último, un informe de 2021 reveló que los túneles de la M-30 necesitarían una inversión significativa para asegurar su durabilidad, una situación que también ha quedado sin atención adecuada por parte del consistorio.