El Gobierno de México ha implementado un nuevo mecanismo de verificación de integridad para las candidaturas a las elecciones de 2027, una decisión que busca ofrecer mayor transparencia en el proceso electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta medida no otorgará al gobierno la autoridad para decidir quién puede contender, sino que proporcionará a los partidos políticos información sobre los antecedentes de sus aspirantes, específicamente relacionados con posibles vínculos criminales o actos de corrupción.
Este mecanismo fue aprobado por el Congreso en mayo y permite a las agrupaciones solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) información acerca de sus candidatos. Esta consulta incluirá antecedentes provenientes de autoridades de seguridad y justicia, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y fiscalías tanto federales como estatales. El INE creó, en julio, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para llevar a cabo esta labor.
Sheinbaum enfatizó que, aunque los partidos pueden acceder a esta información, son ellos quienes mantendrán la decisión de postular a una persona. El gobierno federal no tendrá injerencia en la selección de candidatos, ya que corresponde a las organizaciones políticas y al INE la conducción de las elecciones.
La presidenta también aclaró que el mecanismo no discrimina a aquellos que buscan competir de manera independiente y que la revisión de antecedentes abarcará posibles lazos con el crimen o corrupción. Además, se diferenciaron los casos donde existen investigaciones formales, subrayando que si no hay una carpeta de investigación o una orden de aprehensión, el partido tendrá la libertad de decidir sobre la candidatura.
Para el partido Morena, ejemplificó que se aplican encuestas abiertas para determinar la selección de candidatos, asegurando que la decisión refleja la opinión de la ciudadanía. Con ello, el objetivo principal del gobierno es fortalecer los filtros de transparencia, previniendo que personas con antecedentes cuestionables accedan a las candidaturas, y, en última instancia, asegurando un entorno electoral más limpio y confiable para los ciudadanos.