España ha intensificado los controles en 14 aeropuertos, desplegando 1.219 agentes de policía para supervisar la llegada de 8.216 viajeros de terceros países procedentes de Italia en las últimas dos semanas. La medida se implementa en respuesta a la crisis migratoria, que se acentuó tras la suspensión del acuerdo de Schengen por parte de Italia, que ha rechazado a solo 21 personas en el mismo periodo. Esta reacción del Gobierno español ha llevado a la Comisión Europea a investigar si tales controles violan la normativa comunitaria.
En un esfuerzo por abordar la situación, Pedro Sánchez ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, instaurando una “situación de interés para la Seguridad Nacional” en Ceuta. Un mando único, liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, se encargará de la gestión de esta crisis, que ha visto un aumento significativo en el flujo migratorio. Desde Marruecos, entre 50.000 y 70.000 personas cruzaron hacia Ceuta a finales de julio, resultando en al menos 72 muertes trágicas.
El Acuerdo de Schengen, firmado en 1985, busca suprimir los controles fronterizos internos en Europa. Sin embargo, el reciente aumento en los controles por parte de España e Italia sugiere un cambio marcado en la política migratoria. Este conflicto ha conducido a otros países europeos a aplicar la misma normativa, llevando a Alemania, Suiza y otros a restablecer controles y programar devoluciones de solicitantes de asilo a Italia.
En total, la normativa europea establece que el primer país de entrada a la UE es responsable de las solicitudes de asilo. Entre 2021 y 2026, Italia quedó con la carga de alrededor de 470.000 migrantes irregulares, a pesar de una caída general en las llegadas. Al mismo tiempo, el Gobierno español se enfrenta a críticas internas, mientras que economistas alertan sobre el impacto en el turismo, ya que el país se preparaba para atraer más de 100 millones de visitantes en 2026.
Las demoras en los aeropuertos y los retratos en la gestión de esta crisis han comenzado a deteriorar la experiencia de los viajeros, mientras que la presión sobre el Gobierno aumenta para actuar. En este contexto, se planifican comparecencias de ministros en el Congreso, y se debaten medidas para agilizar las devoluciones y apoyar a los comercios afectados en Ceuta.