La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha confirmado la sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión para Jorge Fernando “N”, exdirector general de Transporte y Movilidad del Estado. Esta decisión, que afecta la percepción de la gestión pública en San Miguel de Allende, se debe a su culpabilidad en un caso de cohecho relacionado con la entrega de permisos para taxis.
La sentencia, emitida el 14 de mayo de 2024, establece que Jorge Fernando recibió un total de dos millones 100 mil pesos de Manuel Mendieta Tovar, dirigente de la agrupación de taxistas San Miguelito. La transacción se llevó a cabo en cinco ocasiones entre julio de 2019 y 2020, periodo en que el acusado ocupó su cargo. Durante este tiempo, se facilitó la operación de taxis sin los permisos requeridos.
El juez del caso corroboró las pruebas presentadas por el Ministerio Público, destacando la gravedad del acto al involucrar un funcionario público. La Fiscalía enfatizó el impacto negativo que esta conducta tuvo sobre el Gobierno del Estado y el sistema de transporte local.
Luego de un proceso judicial extenso, donde se presentaron varios recursos de defensa por parte del condenado, la sentencia fue ratificada por el Poder Judicial. Las autoridades locales consideran este resultado como un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el ámbito gubernamental.
Este caso ha estado en seguimiento desde 2021, cuando se inició la investigación tras recibir una denuncia sobre las actividades de Jorge Fernando. A pesar de las complicaciones legales que intentó presentar, la justicia se mantuvo firme en su decisión, formalizando una respuesta contundente ante la impunidad.
Jorge Fernando no sólo enfrenta esta condena; tiene otros procesos legales pendientes que involucran delitos como cohecho, concusión y el uso indebido de atribuciones. Las audiencias adicionales están programadas para el 25 de septiembre de 2026, lo que podría afectar aún más su situación legal.
La comunidad de San Miguel de Allende observa de cerca estos desarrollos, ya que el caso refleja las implicaciones de la corrupción en la administración pública y su repercusión en el servicio a los ciudadanos.