Ante la invasión de Ucrania, Estados Unidos y Europa tomaron medidas drásticas contra los oligarcas rusos, congelando activos como cuentas bancarias, propiedades y superyates. Esta acción, inicialmente vista como una forma de apoyar a Ucrania, ha creado un dilema financiero inesperado: el alto coste de mantener estos yates, que puede llegar a millones anualmente.
Un caso emblemático es el del Sailing Yacht A, propiedad del magnate Andrey Melnichenko. Desde que fue incautado en marzo de 2022 en Trieste, Italia, su mantenimiento ha acumulado una factura cercana a 47 millones de dólares. Melnichenko ha decidido llevar a Italia a los tribunales, argumentando que, si gana, podría recuperar el yate y no asumir los costes de mantenimiento.
El Sailing Yacht A, de 143 metros, es considerado el mayor velero privado del mundo. Su diseño innovador provoca comparaciones con un submarino futurista. Sin embargo, su situación legal es complicada porque el yate no está registrado a nombre de Melnichenko, sino a través de una empresa en Bermudas, lo que añade un elemento de dificultad a su confiscación y eventual venta.
En un giro inesperado, el Tribunal Administrativo Regional del Lazio solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si los activos congelados pueden permanecer bajo la incautación si están en manos de un trust. La respuesta del tribunal fue afirmativa, permitiendo el congelamiento siempre que se demuestre que el sancionado tiene control sobre esos activos.
Las sanciones impuestas tras la invasión rusa han tenido un impacto financiero considerable. Mantener un superyate, incluso sin uso, puede costar hasta el 10 % de su valor anual. En el caso del Sailing Yacht A, esto se traduce en unos 30,000 euros diarios que Italia debe asumir, cifra que refleja las complicaciones económicas de mantener estos activos decomisados.
Se prevé que el juicio sobre la incautación del yate se prolongue, y si finalmente se levanta la sanción, Melnichenko podría recuperar no solo el yate, sino también los costes de mantenimiento que el estado italiano ha cubierto durante estos años. Mientras tanto, el alcalde de Trieste ha planteado preguntas sobre quién asumirá estos costos, a medida que los gastos de mantener el yate crecen sin cesar.