Guadalajara se prepara para ser sede del Mundial 2026, pero la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, asegura que la ciudad es un lugar seguro para los visitantes. Sin embargo, esta afirmación choca con la realidad que describen activistas de derechos humanos, quienes advierten que Jalisco podría ser un área peligrosa y enfrentar represión durante el evento.
La alerta de seguridad del Departamento de Estados Unidos, que sitúa a Jalisco en el nivel tres, sugiere a los turistas reconsiderar su viaje. A pesar de esto, Delgadillo enfatiza que Guadalajara está lista para recibir a los aficionados, caracterizándola como la mejor sede del torneo.
Organizaciones civiles, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), han documentado violaciones a los derechos humanos, como la criminalización de manifestaciones, racismo y un entorno de militarización. La codirectora del Cepad, Denisse Montiel, señala que en la ciudad la protesta social es a menudo vista como una amenaza y no como un derecho, lo que aumenta el riesgo de represión.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas planean realizar protestas pacíficas durante el Mundial para llamar la atención sobre la crisis de derechos humanos en la región. La policía de Guadalajara, por su parte, ha anunciado la movilización de más de 17 mil oficiales durante el evento, lo que para muchos activistas solo representa un aumento del riesgo de represión, especialmente para grupos vulnerables como migrantes o personas en situación de calle.
Montiel afirma que la protesta social en Jalisco es vista como un fenómeno incómodo y que intervenciones policíacas en manifestaciones han dejado un legado de arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y desapariciones temporales. Esto ha llevado a la creación del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, que busca monitorear y denunciar violaciones durante el Mundial.
La Red “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, conformada por 88 organizaciones en 23 estados, estará atenta a posibles abusos y recibirá denuncias de la ciudadanía. Preocupa también la reciente capacitación de las fuerzas policiales por parte de cuerpos internacionales, lo que es considerado por algunos como un paso hacia la institucionalización de la represión.
Las experiencias pasadas, como las protestas contra el aumento de tarifas del transporte y actos de violencia durante manifestaciones recientes, evidencian un patrón preocupante. La situación podría intensificarse conforme se acerca el Mundial, dejando en el aire preocupaciones sobre la seguridad de quienes deseen ejercer su derecho a manifestarse.