Durante las últimas dos décadas, España ha enfrentado un enigma relacionado con la gestión de residuos nucleares. En 2006, se propuso la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Peque, un pequeño municipio de la comarca zamorana de La Carballeda, donde se concentraría el combustible nuclear gastado y residuos radiactivos. Este proyecto implicaba encapsular los desechos en sistemas de hormigón y acero, prometiendo almacenamiento seguro por un período de 60 años. Sin embargo, la oposición de la comunidad fue contundente y resolutiva.
El alcalde de Peque en ese momento, Rafael Lobato, ofreció 2,000 hectáreas de terreno al Gobierno español, argumentando que la inversión de 1,000 millones de euros y la creación de empleos eran una oportunidad para revitalizar un pueblo en declive demográfico. Frente a esta propuesta, los habitantes se unieron rápidamente en una Plataforma Antinuclear, respaldados por movimientos como Greenpeace, logrando recolectar más de 4,000 firmas en contra de la iniciativa. A pesar del silencio inicial por parte del alcalde, las manifestaciones crecieron en número e intensidad.
La presión ciudadana culminó en actos simbólicos y protestas masivas, en las que incluso se usaron ataúdes simbólicos. En menos de 40 días, el Ayuntamiento de Peque renunció al proyecto, una decisión motivada no solo por la oposición pública, sino también por preocupaciones sobre la inestabilidad social que podría causar este conflicto.
Posteriormente, en diciembre de 2011, el Gobierno decidió ubicar el ATC en Villar de Cañas, Cuenca, aunque este proyecto también se estancó entre acciones legales y cambios políticos hasta que, en 2022, se optó por gestionar instalaciones de almacenamiento en cada central nuclear. En diciembre de 2023, se confirmó el cierre del ATC, estableciendo planes que contemplan el cierre progresivo de las centrales nucleares de 2027 a 2035.
Los residuos nucleares generados en el país continúan sin un destino único y seguro, lo que plantea un desafío crucial. La solución propuesta es el almacenamiento geológico profundo, donde los desechos se entierran a gran profundidad en formaciones geológicas estables. A día de hoy, la comunidad de Peque se siente validada en su rechazo, pues casi dos décadas más tarde, su lucha se refleja en el cambio de dirección del gobierno hacia una planificación más consciente y segura.