GUANAJUATO, Gto. – Mientras el discurso oficial promueve la austeridad y la ley dicta un tope salarial, en las entrañas de la Universidad de Guanajuato (UG) la realidad es otra. Documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que la Dra. Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar, secretaria de Gestión y Desarrollo de la máxima casa de estudios del estado, percibe un sueldo dorado que desafía la Constitución.
De acuerdo con los registros oficiales, la funcionaria universitaria goza de un salario mensual bruto de $157,655.68 pesos. La cifra no solo es robusta por sí misma, sino que rebasa por amplio margen el ingreso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual está fijado en $136,000 pesos.
Este desfase financiero pone en evidencia cómo, en la práctica, las universidades públicas autónomas se han convertido en archipiélagos de privilegios, manteniendo nóminas de élite que logran capotear los mandatos de austeridad republicana.
El corazón del presupuesto y el poder
La Secretaría de Gestión y Desarrollo no es cualquier oficina; es el auténtico motor administrativo de la UG. Desde este escritorio, la Dra. Ruiz Aguilar controla con mano firme el presupuesto institucional, los recursos humanos, la infraestructura y la red médica universitaria.
Bajo su dirección se concentran las decisiones operativas que impactan el día a día de miles de estudiantes y trabajadores. Sin embargo, este enorme poder de gestión viene acompañado de una contraprestación económica que la coloca en la cúspide de la burocracia dorada estatal.
Simulación ante el Artículo 127
El marco legal en México es categórico. El Artículo 127 de la Constitución Política estipula que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del titular del Ejecutivo Federal. No obstante, la UG parece operar bajo sus propias reglas.
Con este nivel de ingresos, Ruiz Aguilar se suma a la selecta lista de altos funcionarios, consejeros electorales y magistrados que han blindado sus percepciones amparados en la autonomía institucional, cavando una brecha profunda entre la norma escrita y la realidad presupuestal.
El insulto del contraste social
En un estado como Guanajuato, donde la precariedad laboral, la inflación y los salarios de sobrevivencia son el pan de cada día para la mayoría de la población, el sueldo de la funcionaria resulta agraviante.
El contraste intramuros es demoledor: mientras la alta burocracia de la colmena universitaria asegura ingresos que superan al de la primera mandataria del país, las y los profesores de asignatura —quienes sostienen la vida académica frente al aula— sobreviven con pagos raquíticos, y miles de estudiantes lidian mensualmente con la insuficiencia de sus becas. La colmena, al parecer, produce miel sólo para unos cuantos.
Por Rosario Martínez de la Vega